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Cautela de militares y políticos sobre la nota de la JUJEM

Un portavoz oficial del Ministerio de Defensa indicó ayer a EL PAIS que este departamento no tenía ningún tipo de comentarios que hacer en torno a la orden general extraordinaria de la Junta de de Jefes de Estado Mayor (JUJEM), ya que la consideraba un asunto interno de la milicia. En similares términos se expresaron asimismo de otros órganos castrenses consultados por éste periódico, entre ellos el del cuartel general de la JUJEM, que se remitieron al propio Ministerio de Defensa.El silencio oficial creado en torno a la orden de la JUJEM fue total a lo largo de la jornada de ayer, no sólo en medios militares sino también en la clase política, que se mostró extremadamente reservada. Fueron, en cambio, muy pocos los parlamentarios que, a requerimiento de este periódico, se atrevieron siquiera a expresar una opinión.

Varios ministros del Gobierno declinaron pronunciarse al respecto, como fue el caso del ministro de Justicia, Pío Cabanillas, que se limitó a subrayar que "en el Gobierno no se había tratado el tema". Otro ministro, Jaime Lamo de Espinosa, que es a su vez portavoz de UCD en el Congreso, fue más preciso en sus afirmaciones y dijo que la nota de la JUJEM estaba fundamentalmente destinada al consumo interno de los militares.

Felipe González, secretario general del PSOE, no quiso pronunciarse sobre el contenido concreto de la nota, aunque dijo que si ésta estaba dirigida al estricto ámbito castrense, le parecía procedente. Otros diputados socialistas, como Javier Solana, se negaron categóricamente a pronunciarse sobre el tema y solamente el ex comandante Julio Busquets, también diputado del PSOE, dijo que la nota tenía una doble lectura: "En tanto en cuanto sea una nota dirigida a los cuarteles, es correcta; si la declaración pretende alcanzar también al ámbito civil, es improcedente porque el techo de libertad debe ser distinto para los civiles y para los militares y quien posee el monopolio del uso de las armas no puede pretender los mismos derechos y libertades que los civiles".

El comunista Gregorio López Raimundo se mostró también extremadamente cauto al respecto, aunque dijo, que se trataba de una nota innecesaria, precisando que "lo que me inquieta es que haya sido necesaria". El diputado de CD, Antonio de Senillosa, indicó, por su parte, que "todo español tiene derecho a opinar".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 10 de junio de 1982