La JUJEM, en defensa del Consejo Supremo de Justicia Militar frente a "comentarios menospreciativos"

La Junta de Jefes de Estado Mayor (JUJEM), máximo eslabón de la cadena de mando militar, ha remitido una orden general extraordinaria a todas las unidades de las Fuerzas Armadas, en la que se advierte que se considera improcedente todo comentario que entrañe menosprecio a la actuación del Consejo Supremo de Justicia Militar, en cuanto a la sentencia por la rebelión militar del 23-F. La JUJEM precisa asimismo que este tipo de comentarios no sólo afecta a la institución militar, "sino que también atenta al respeto que en todos los órdenes merece la independencia de la función judicial".

Fuentes próximas a los órganos de decisión castrenses indicaron a este periódico que creen que la JUJEM trata con esta nota de dar respuesta a los distintos estados de opinión surgidos estos días en unidades y acuartelamientos militares, en algunos de los cuales, concretamente procedentes de sectores conservadores, se detecta cierta disconformidad con las penas fijadas para el teniente general Jaime Milans del Bosch y para el teniente coronel Antonio Tejero, condenados a treinta años de prisión, lo que conlleva la expulsión del Ejército.Precisamente uno de los aspectos más comentados por los sectores conservadores del Ejército es la notable diferencia existente entre la pena fijada para los anteriores y la que el tribunal ha dictado para el general Alfonso Armada, para quien el fiscal pedía asimismo treinta años, pena que ha sido rebajada a seis.

Otro de los aspectos también comentados en medios militares conservadores estos días, aunque nada favorables, son las reacciones políticas que se muestran disconformes con cierta parte de la sentencia, sobre todo la referente a las penas fijadas para algunos jefes y oficiales y a la absolución de un comandante, dos capitanes y ocho tenientes. El disentimiento con la sentencia es general tanto en los partidos de la oposición como en el Gobierno.

La nota interna de la JUJEM consta de tres puntos, que van precedidos de un párrafo aclaratorio mediante el que se justifica su difusión señalando que se trata de una respuesta a "comentarios y críticas desfavorables que pueden tener repercusión en la moral de nuestros subordinados".

El primer punto de la nota trata de una reafirmación de la posición constitucional exigida a las Fuerzas Armadas ("Las FAS, en cumplimiento de su misión, defienden con lealtad a la Corona, el ordenamiento constitucional y la legalidad vigente y, en consecuencia, respetan la dependencia del poder judicial como corresponde a nuestro Estado de derecho") y el segundo aparece como un apoyo tácito a las competencias asignadas a los tribunales militares de justicia ("El Consejo Supremo de Justicia Militar, reunido en sala de justicia, ha actuado dentro del marco de las funciones judiciales que tiene atribuidas, sin perjuicio de que el Tribunal Supremo, al resolver sobre los recursos de casación que puedan interponer, dicte la sentencia definitiva, que todos están obligados a acatar").

Sin embargo, el tercer punto de la nota se trata de una advertencia, que distintos observadores apuntan que podría tener una doble lectura. En este último punto se dice textualmente que la JUJEM "considera improcedente todo comentario de cualquier género que entrañe menosprecio a la actuación del Consejo Supremo de Justicia Militar". Asimismo se precisa que estos comentarios "no sólo afectan a la institución militar, sino que también atentan al respeto que en todos los órdenes merece la independencia de la función judicial".

Este último punto era ayer objeto de detenido estudio por parte de la clase política, que a última hora de la tarde mantenía ciertas reservas a la hora de emitir una opinión al respecto. Fuentes próximas al Gobierno manifestaron a este periódico que el escrito de la JUJEM no se trata de una nota dirigida a la opinión pública sino de una orden extraordinaria de carácter interno, expresamente difundida dentro de las Fuerzas Armadas, por lo que su contenido, en este caso, sólo podría ser interpretado como una respuesta de la cúspide del mando militar a sus propios subordinados. Esta hipótesis no era compartida, en cambio, por sectores militares de trayectoria democrática, que creían ver en el tercer punto una respuesta no a los estados de opinión en sí, sino a toda la gama de reacciones públicas que en los últimos días se han venido produciendo en disentimiento con parte de la sentencia. La orden extraordinaria va firmada por el teniente general Alvaro Lacalle, presidente de la JUJEM.

Precisamente el diario londinense The Times destacaba en su edición del lunes, en la sección The Times Diary, que el militar español más importante en la ceremonia celebrada en Bruselas días pasados dentro de los actos conmemorativos del ingreso de España en la Alianza Atlántica era el teniente general Lacalle, y recordaba una entrevista que este militar concedió recientemente, en exclusiva, a la revista de pensamiento militar Reconquista, a la que define de derechas. Lacalle comparaba, en Reconquista, el uso de las armas con el uso de la pluma. The Times recordaba en su comentario que la revista militar ya citada tenía meses atrás en su equipo de dirección al comandante Pardo Zancada.

Se amplía el plazo para los recursos

Por otra parte, el Consejo Su premo de Justicia Militar, reunido en sala de justicia, ha acordado ampliar en otros cinco días hábiles el plazo para presentar recurso contra la sentencia por el fallido golpe de Estado del año anterior, por lo que éste expirará en la medianoche del próximo día 16. Hasta ayer solamente fueron presentados tres recursos de casación, uno por parte del defensor del coronel de Artillería José Ignacio San Martín, condenado a tres años y un día, otro por parte del abogado del capitán de la Guardia civil, Jesus Muñecas, condenado a 3 años y seis meses de prisión, y un tercer recurso por parte del abogado defensor del general Torres Rojas, condenado a seis años de prisión.

En el caso del capitán Muñecas, su defensor, el abogado Santiago Segura, ha acompañado el escrito de recurso de otro alusivo a lo que, a su juicio, podrían ser motivos de nulidad, -nombramiento de un juez especial y continuación del general José de Diego López como instructor de la causa, después de haber cumplidora edad reglamentaria para dejar la situación activa.

La ampliación del plazo, que en principio estaba previsto que concluyera hoy, se debe a que antes han de comunicarse al fiscal y a los abogados una serie de errores mecanográficos cometidos en las transcripciones del texto de la sentencia y que ya han sido subsanados. Precisamente los abogados están convocados hoy en el Consejo Supremo de Justicia Militar, entre las diez de la mañana y las dos de la tarde, con objeto de que se les notifique el citado auto de aclaración.

Uno de estos abogados, concretamente José Luis Sanz, defensor de los capitanes José Cid y Enrique Bobis, informó ayer que las peticiones de prisión atenuada para algunos de los condenados serán resueltas por la Sala Segunda del Tribunal Supremo cuando le sea remitida la causa por el Consejo Supremo de Justicia Militar. Sanz indicó asimismo que esta resolución se demorará algunos días, motivado por la prórroga del plazo para presentar recurso.

En la jurisdicción militar se aplica el cumplimiento condicional a la cuarta parte de las penas, mientras que en la jurisdicción ordinaria se aplica a un tercio de las penas. Por otra parte, fuentes jurídicas han manifestado que los defensores de los procesados condenados a penas inferiores a los tres años y un día, que no pueden recurrir, es muy probable que se personen ante el Tribunal Supremo en caso de que el fiscal aluda a ellos en sus recursos de casación.