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El presidente del Gobierno no cree que hoy se publique la sentencia del 23-F

El presidente del Gobierno manifestó anoche que creía que hoy, martes, no sería hecha pública la sentencia del juicio del 23-F, en contra de los rumores últimamente difundidos en ese sentido. Calvo Sotelo, que no quiso hacer más precisiones al respecto, hizo estas declaraciones en el aeropuerto de Madrid, al regresar de Málaga, donde había asistido a la reunión de la ejecutiva de UCD de Andalucía.El fiscal de la causa, general Claver, solicitó ayer del máximo órgano de la justicia castrense que, antes de dictar la sentencia, se pronuncie sobre la fórmula utilizada en la última sesión del juicio por el capitán Dusmet quien, ausente de la sala, hizo su declaración final a través de su abogado.

En dicha sesión el presidente del tribunal, el teniente general Gómez de Salazar, dio la palabra a los procesados por si deseaban hacer una declaración final. Cuando le correspondía hacer uso de ese derecho al capitán Dusmet y como estuviera este procesado ausente de la sala, el presidente del tribunal se dirigió a su abogado, el teniente coronel Carlos de Meer, quien manifestó que su defendido no tenía nada que alegar.

Esta acción del fiscal se entiende que puede producir un retraso en la publicación de la sentencia, que ayer había sido dada por prácticamente decidida. El plazo para la decisión del tribunal termina mañana, miércoles.

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El fiscal del 23-F plantea una nueva cuestión al Consejo de Justicia Militar

Viene de la primera página

Según se afirmaba ayer en una nota del Centro de Relaciones Informativas y Sociales de la Defensa, el fiscal ha considerado improcedente la forma de declaración utilizada por el capitán Dusmet y ha pedido al Consejo Supremo de Justicia Militar que delibere, antes de dictar sentencia, sobre esta forma de proceder, ante la posibilidad de que esta circunstancia pudiera ser interpretada como causa de nulidad en un recurso.

A la hora de los alegatos finales en la última vista del juicio la incomparacencia del capitán Dusmet no suscitó la menor preocupación procesal. El presidente de la Sala, al dar turno de palabra a su abogado, reconoció que el encausado estaba debidamente autorizado para no comparecer. Su letrado renunció al alegato final, tal como lo estaban haciendo otros de los oficiales de baja graduación sentados en el banquillo.

Pulcritud del fiscal

La extrema pulcritud del fiscal pidiendo ahora -y no en su momento- al Tribunal deliberación sobre aquella ausencia no puede interpretarse exactamente como valladar ante un posible recurso de casación (de posibles recursos de casación ha estado sembrada la vista oral); así las cosas puede interpretarse la solicitud fiscal como un deseo del Gobierno de ganar 24 ó 48 horas en la definitiva elaboración de la sentencia.

Parece confirmarse que la publicidad de las sentencias correrá a cargo de la Oficina de Información de la Defensa que dirige el general Toquero y no de la Secretaría de Estado para la Información.

Abogados defensores de procesados, según informaba ayer Europa Press, acudieron en la mañana de ayer a la sede del Consejo Superior del Ejército para consultar varios aspectos del acta confeccionada con todas las incidencias procesales del juicio. Se ignora si esta iniciativa pudiera estar relacionada con la petición del ministerio público.

El anuncio de dicha actuación del fiscal del juicio del 23-F se produjo a mediodía de ayer en medio de un ambiente pródigo en especulaciones sobre la fecha en que el Consejo Supremo de Justicia Militar vaya a hacer pública la sentencia y sobre el contenido de la misma. La agencia Europa Press recogiendo impresiones de personas allegadas a la defensa adelantaba la posibilidad de que la sentencia puede hacerse pública a lo largo de la jornada de hoy.

La misma agencia ligaba esta impresión con el cambio de fechas de la reunión del consejo regional de UCD de Andalucía, prevista en principio para hoy, que, se habría celebrado ayer para permitir que el presidente Calvo Sotelo pueda estar esta mañana y a lo largo de la tarde en el Palacio de la Moncloa por si el Gobierno tuviera que adoptar alguna decisión sobre la sentencia del juicio.

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