Duras críticas socialistas a la acción del Gobierno sobre el síndrome tóxico

El grupo socialista de la comisión mixta Congreso-Senado investigadora del síndrome tóxico ha presentado cuatro votos particulares en el Congreso sobre las conclusiones de dicha comisión, aprobadas el miércoles y el jueves tras siete meses de trabajos, que servirán de base para el Pleno del próximo día 8 de junio. En ellos se pide la supresión del apartado que considera suficiente la investigación científica del síndrome tóxico y acusan a varios departamentos ministeriales de negligencias concretas y al Gobierno de falta de apoyo a la comisión.

Dos de los votos particulares son de supresión de textos. El primero de ellos solicita la eliminación de cuatro conclusiones que fueron propuestas por UCD, respecto a asistencia social e investigación epidemiológica, toxicológica y procedencia de la enfermedad.El otro, pide la supresión de un apartado de la conclusión aprobada por propuesta de la Minoría Vasca, en el que se considera que la investigación científica puede considerarse suficiente.

Los otros dos votos particulares, de adición, recogen la mayor parte de las propuestas de conclusión que los socialistas habían presentado sobre aspectos sociales sanitarios y económicos del síndrome, y que habían sido rechazadas.

El diputado Ciríaco de Vicente y el senador Arturo Lizón, portavoces del PSOE en la comisión mixta, han manifestado que "no puede ser cierto que todas las actuaciones hayan sido correctas, como pretende UCD", y que las propuestas socialistas se referían a hechos probados en el curso de las investigaciones`.

Negligencias en la comercialización

Las conclusiones de Arturo Lizón señalan negligencias del Ministerio de Economía y Comercio en la comercialización del aceite desnaturalizado, entre otros defectos imputables a la Administración y al Gobierno, al que acusa de no haber prestado ayuda a la comisión mixta parlamentaria investigadora. Otro portavoz, Javier Sáenz Cosculluela, presenta un voto particular con 63 conclusiones sanitarias y sociales en las que apunta numerosos incumplimientos asistenciales y económicos y pide, entre otras medidas, que el Plan Nacional del Síndrome Tóxico tenga rango de dirección general dependiente de Presidencia del Gobierno.