La guerra de los derechos

Los derechos humanos, entre los cuales es fundamental el derecho a la autodeterminación de los pueblos, fueron nuevamente sacados a relucir, en vísperas de la catástrofe, como cuestión primordial en el conflicto anglo-argentino sobre las Malvinas por la primera ministra británica, Margaret Thatcher. De la actitud de la señora Thatcher se hizo eco la mayoría en el Parlamento, incluyendo a una parte sustancial de la oposición.Los habitantes de las Malvinas -de eso no quedó lugar a dudas al terminar la sesión que le otorgó el voto de confianza al Gobierno conservador- deben disfrutar del derecho a la autodeterminación. Esta es, después de todo y antes que nada, una batalla por la democracia y la civilización.

"Estamos dispuestos a luchar", dijo en un editorial el diario británico Daily Telegraph, "precisamente porque somos civilizados".

Si hoy dejamos que los argentinos pisoteen los derechos de los isleños, el día de mañana otras dictaduras harán lo mismo con otros pueblos: esta es, esta ha sido, desde el pasado 3 de abril, la razón por la cual el Reino Unido envió las dos terceras partes de su flota al Atlántico sur.

En otro océano, el Indico, hay una isla llamada Diego García, que en una época era una dependencia de la ex colonia británica de Mauricio. El Reino Unido, poco antes de concederle la gracia de la independencia a Mauricio, la adquirió por medio de una operación de compraventa. En esta isla había mil habitantes cuya principal fuente de recursos eran los plantíos de copra, comprados también por el Gobierno británico a la compañía que era su propietaria original. La isla pasó así a ser parte de los llamados territorios británicos del océano Indico. Hoy no la habitan los isleños ni los británicos: en ella viven y trabajan 4.000 norteamericanos, entre soldados -en su gran mayoría- y civiles. En 1966, el Reino Unido decidió rentarle la isla a Estados Unidos para que este país estableciera allí una base naval y aérea. Los isleños, que habían vivido en Diego García durante tres generaciones, fueron desalojados por el Gobierno británico como si se tratara de ganado y trasladados a Mauricio, a más de 2.000 kilómetros de distancia de su tierra natal.

No se les preguntó si deseaban o no trasladarse. No se les concedió el derecho a la autodeterminación. No hubo país occidental que se escandalizara. No hubo Naciones Unidas que intervinieran. Se les prometió una indemnización que apenas hoy se les va a pagar, reducida a la mitad. Nueve años después, el senador Edward Kennedy descubrió que la pequeña comunidad de exiliados vivía en Mauricio en la miseria.

Es así como el Reino Unido defiende el derecho de los pueblos a la autodeterminación. ¿O tuvo que ver en ello -uno se pregunta- el hecho de que los isleños de Diego García no son de raza blanca?

No; en ese sentido, el Reino Unido no discrimina: a una gran parte de los habitantes de las islas Falkland o Malvinas también les negó el derecho a la autodeterminación cuando, después de que éstos declararon su deseo de seguir siendo británicos para siempre, el Acta de Patriality de 1971 los rebajó a ciudadanos de segunda clase. O, mejor dicho, de una clase aparte: son, como lo indica su pasaporte, ciudadanos británicos, pero sólo tienen derecho a residir en estas islas británicas -o sea, en Inglaterra, Gales, Escocia, Irlanda del Norte y las islas del canal- aquellos malvinenses cuyos padres o abuelos hayan nacido en ellas.

Y este no es el caso de todos los malvinenses, como se ha dicho ya, pero que habría que decir una, muchas veces más. Y no será, no hubiera sido, el caso tampoco de las futuras generaciones que ya no tendrán, o ya no tendrían, derecho alguno para vivir y trabajar en Londres, en Glasgow o en Belfast si así lo desearan; pero el Gobierno británico, desde el principio de la crisis, se ha quejado amargamente de que los argentinos no estuvieran dispuestos a dejar que los isleños determinaran su futuro. Ese futuro ya fue decidido por el Reino Unido hace once años. Y hace apenas un año, confirmado, cuando el parlamentario Enoch Powell pidió que se exceptuara de esa medida, y se otorgara ciudadanía británica plena -la otra es a medias-, a los habitantes de las islas Malvinas, Pitcaim y Santa Elena. Pero el Gobierno se mantuvo firme y declaró que no se haría ninguna excepción, porque los habitantes de otras dependencias reclamarían el mismo derecho. Recibir a 1.800 malvinenses que de pronto decidieran mudarse al Reino Unido no sería mucho problema. Tampoco, digamos, recibir a 27.000 gibraltareños.

Pero ¿qué sucedería si los tres millones de chinos con pasaporte británico que viven en Hong Kong comenzaran a caer del cielo sobre Piecadilly Circus?

No fue aceptada, pues, la enmienda propuesta por Enoch Powell, el defensor de los derechos humanos de los malvinenses, quien en estos últimos días ha estado urgiendo al Gobierno británico para que saque del Reino Unido, mediante el soborno de una indemnización, a las familias de raza negra para que regresen a sus países de origen, Jamaica, Barbados, Trinidad y Tobago y otros, de los que hace veinte o treinta años llegó una generación de gente de color destinada a trabajar en labores que los ingleses no consideraban dignas de ellos. Y que ahora sufren una discriminación despiadada por el color de su piel y en la carne de su carne, sus hijos, una nueva generación, en este caso de apátridas, a muchos de los cuales se les niega el derecho de residencia en los países donde nacieron sus padres porque ya no son colonias británicas, sino naciones independientes,

Mientras tanto, mientras continuaba la locura de las Malvinas, pasó casi inadvertido el fracaso de la Conferencia sobre la Ley del Mar. La, convención fue aprobada por una abrumadora mayoría. Pero Estados Unidos votó en contra y se abstuvieron diecisiete países de Europa occidental y del bloque soviético. Fue Hugo Grocio, el gran jurisconsulto holandés, el que proclamó, en 1609, la independencia de los mares y los océanos. Fue un presidente norteamericano, Truman, el primero que desafió este concepto al incluir en 1945, bajo la jurisdicción de su país, los recursos del lecho marino de la plataforma continental. Y ha sido ahora otro presidente norteamericano, Reagan, el que ha socavado desde que llegó al poder la labor que durante muchos años han llevado a cabo decenas de naciones en la lucha por que se reconozca como patrimonio unviersal la riqueza no sólo del lecho marino más allá de las doscientas millas jurisdiccionales, sino también de la Luna, de todo planeta al que algún día llegue el hombre y, sin ir más lejos, de algo que está en juego en estos momentos: la Antártida.

Pero nuevamemente el Tercer Mundo -los países del Sur- se han quedado solos. Ninguna ley sobre el mar podrá jamás tener vigencia sin los poderosos, en cuyas manos -la Lockheed, la Kennecot, la Shell, la US Steel, la Société le Nickel, la Mitsubishi, entre otras- está la tecnología necesaria para explotar la riqueza del mar. Ellos, los países del Norte, también están solos, pero se bastan a sí mismos: por debajo del agua, Estados Unidos, Alemania Occidental, Japón, Francia, Holanda, Italia y Bélgica han dado ya los primeros pasos para formar su propia asociación.

No parece entender el llamado Occidente que entre los derechos humanos de otros pueblos está el de compartir los recursos de un planeta que cada día se vuelve más, pequeño. El derecho a progresar, a no morirse de hambre.

No parecen entender países como el Reino Unido, Estados Unidos, Alemania Occidental y Francia que no es suministrando armamento -incluido el destinado a la represión interna- a dictaduras nefastas, como la de Argentina y la de Chile, como mejor se protegen los derechos humanos de sus pueblos. El derecho humano a no ser torturado o asesinado, el derecho humano a la libertad.

Y a la Marina Real Británica no le pasó por la cabeza, cuando hundió al General Belgrano, que el derecho humano a sobrevivir de un marino argentino vale más que unos cuantos miles de dólares.

Cuando un parlamentario laborista preguntó por qué no se había disparado un torpedo de advertencia al General Belgrano -que pasara a cierta distancia del barco- para darle oportunidad a retirarse, un almirante contestó que la Marina Real no podía darse ese lujo, porque cada uno de los torpedos Tigerfish que hundieron al crucero vale medio millón de dólares. Viajaban en el Belgrano mil hombres: su vida no valía 5.000 dólares por cabeza.

También vale la pena preguntarse cuánto vale la vida de sus compatriotas para el general Galtieri, quien ha dispuesto ya que puede sacrificar hasta 40.000 hombres.

¿En defensa de cuáles derechos humanos es esta guerra?