Las elecciones a consejos reguladores del vino, más polémicas de lo previsto

Los consejos reguladores de las denominaciones de origen de los vinos, una de las pocas instituciones que todavía no han pasado por las urnas, van a renovar sus juntas directivas el próximo día 13 de mayo. El proceso electoral se presenta complicado, por las deficiencias que se han encontrado en los censos de viticultores y por el desacuerdo que mantienen las organizaciones agrarias más importantes con la nueva normativa, lo que ha provocado la retirada de la Federación de Trabajadores de la Tierra (FTT) y la impugnación de las mismas por parte de la Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos (CNAG).

Actualmente existen un total de 23 denominaciones de origen con carácter definitivo en vinos, que tienen que renovar sus juntas rectoras: Alella, Alicante, Almansa, Ampurdán-Costa Brava, Cariñena, Condado de Huelva, Jerez, Jumilla, Málaga, La Mancha, Méntrida, Montilla-Moriles, Navarra, Penedés, Priorato, Ribeiro, Tarragona, Rioja, Utiel-Requena, Valdeorras, Valdepeñas, Valencia y Yecla. De estos consejos, los catalanes se regirán por una normativa aparte que está elaborando la Generalidad. Los consejos reguladores son los órganos de carácter ejecutivo de las denominaciones de origen, y entre sus principales misiones figura la de vigilar la calidad de los productos y evitar el fraude que se produce en algunos de ellos, derivado de su prestigio.

Hasta ahora, los presidentes y los vocales de las juntas rectoras habían sido designados directamente por la Administración central, sin que los componentes de los mismos, bodegueros y viticultores, hubieran tenido participación en el proceso.

Una de las reivindicaciones más importantes que han mantenido las organizaciones agrarias desde que comenzaron su actividad tras el advenimiento del sistema democrático ha sido la participación de los interesados en el control de las denominaciones de origen para poder garantizar la calidad de los caldos españoles de cara al interior y al exterior.

Los censos, el mayor problema

La inexistencia de censos, en unos casos, o las deficiencias de los que hay, son los principales problemas que se han encontrado los responsables del proceso electoral. Este es un problema que se, ha planteado con anterioridad en todas las elecciones que se han celebrado en el sector agrario, sin que a pesar de las buenas intenciones de la Administración se le haya puesto remedio, siendo previsible que estos mismos problemas vuelvan a plantearse en las próximas elecciones a cámaras agrarias. Según la organización Jóvenes Agricultores, los censos no existen porque los consejos no han funcionado hasta ahora, provocando que los viticultores no pagaran las cuotas que tienen asignadas, lo que causaba automáticamente su baja. Estos problemas han afectado fundamentalmente a los de Montilla-Moriles y al de Ribeiro, por lo que en el primero de ellos y ha sido necesario conceder una prórroga de un mes para que todos los viticultores se pusieran al corriente en los pagos y pudieran votar. Esto permitirá que se puedan incorporar al censo 3.000 futuros votantes. Sin embargo, en opinión de la citada organización, los censos han sido elaborados con precipitación, lo que ha provocado numerosos errores.

Estas deficiencias en los censos ha sido una de las causas que han motivado la retirada de la Federación de Trabajadores de la Tierra (FTT) del proceso electoral.

"Esta decisión ha sido adoptada ante la situación conflictiva en que se sitúa el proceso electoral para la renovación de los consejos reguladores de denominación de origen de los vinos, la deficiencia de los censos y las serias dudas de que el día 13 de mayo se celebren las elecciones sin la participación real de la gran mayoría de los viticultores pequeños, principalmente en la zona manchega", según explicaron en un comunicado.

Por otro lado, sus servicios jurídicos se encuentran estudiando posibles impugnaciones por las sospechas que se tienen de que se puedan haber dado irregularidades en la confección de los censos.

Los presidentes deben ser elegidos

La Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos (CNAG) ha impugnado "el pretendido monopolio que la Administración ha concedido a las cooperativas, que hace que estas entidades, que tienen un mero contenido económico, se conviertan en organizaciones profesionales, con lo que se vulnera el artículo 72 de la Constitución".También han efectuado alegaciones contra la norma por la que el ministro de Agricultura se reserva el nombramiento del presidente del consejo, elegiéndole de entre una terna. Tampoco están de acuerdo con el sistema de sustitución previsto para los vocales. Por otro lado, se muestran conformes con el aplazamiento en Montilla-Moriles y en Ribeiro.

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) tampoco está de acuerdo con el sistema de votación propuesto para las cooperativas y con la norma en la que se regulan las sustituciones de vocales, aunque no han efectuado alegaciones ni han presentado impugnaciones.

Junto a los consejos de Montilla-Moriles y Ribeiro, los de Jerez y Rioja son los que más problemas van a presentar. En Jerez, por el dominio que ejercen las grandes firmas sobre todo el proceso, y en el de Rioja, por la falta de acuerdo entre los viticultores y los bodegueros, por un lado, y entre los pequeños y grandes bodegueros, por otro.

En este último, la asociación vinícola provincial y el grupo de criadores-exportadores han interpuesto dos recursos ante el Ministerio de Agricultura y el Tribunal Contencioso Administrativo. Pretenden que una junta provisional se haga cargo del consejo regulador. Mientras tanto, la comisión del vino de la Unión de Agricultores Riojanos decidió ayer solicitar una clarificación definitiva de la convocatoria electoral.