Progresiva reducción del margen para encontrar una solución pacífica
La decisión argentina de pedir la ayuda de los países latinoamericanos frente al Reino Unido, de acuerdo con las previsiones del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), supone un agravamiento de la crisis del Atlántico sur y reduce aún más el ya estrecho margen de maniobra para la búsqueda de una solución pacífica del conflicto.Poco después de que el secretario de Estado norteamericano, Alexander Haig, partiera de Buenos Aires con destino a Washington, en la tarde del lunes, el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino instruía a su embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA) para que pidiera la convocatoria urgente del órgano de consulta previsto por el TIAR a causa del "avance de la flota británica, que crea una situación que pone en peligro la paz y seguridad coritinental".
La amenaza de recurrir a este tratado continental fue utilizada por Buenos Aires varias veces durante las largas negociaciones con Haig. El secretario de Estado siempre se opuso a que Argentina invocara el TIAR, un pacto inspirado por Norteamérica en los años de la guerra fría y que en la práctica sólo fue útil a Washington con ocasión de la guerra de Corea o de las crisis de Cuba y de la República Dominicana. Es la primera vez que se recurre al TIAR a causa de una amenaza armada extracontinental.
El Gobierno argentino indicó que "no puede seguir esperando que llegue la flota británica a las Malvinas para poner en marcha los mecanismos de solidaridad continental".
Buenos Aires siempre había dejado entender que recurriría al TIAR únicamente cuando estuviese cerrado por completo el camino de las negociaciones diplomáticas, pero fuentes oficiales señalaban ayer que aún existen ciertas esperanzas sobre la mediación de Haig y que la decisión argentina de convocar el órgano de consulta podría ser una maniobra diplomática más.
La mayoría simple necesaria para obtener la convocatoria (once votos de los veintiuno signatarios del Tratado) parecía fácilmente alcanzable por Buenos Aires, que no tiene tan sencillo, en cambio, el conseguir los catorce votos precisos (dos tercios de los países miembros) para la aplicación del tratado. Las medidas posibles en caso de que Argentina viera atendida su petición pueden oscilar desde la retirada de embajadores a sanciones económicas o el empleo de la fuerza frente al país agresor.
La Junta Militar decidió dar este paso cuando tuvo noticias de que su contraoferta para una solución pacífica era considerada insuficiente en Londres. El contenido exacto de la propuesta argentina no se dio a conocer, pero el ministro de Relaciones Exteriores, Costa Méndez, declaró ayer que se preveía en ella "la posibilidad de un período limitado durante el cual se negociarán las diversas alternativas que la solución definitiva del tema requiere".
En otras palabras, Argentina admitía una administración tripartita del archipiélago y la presencia de tres banderas (argentina, inglesa y norteamericana), pero ponía como fecha límite para la transferencia de la soberanía el 31 de diciembre de este año.
Alexander Haig se opuso a esta última condición y, finalmente, aceptó transmitirla al Reino Unido como "aspiración argentina", advirtiendo que sería rechazada por el Gobierno de Margaret Thatcher. En las tensas negociaciones, Haig llegó en una ocasión a cerrar bruscamente su carpeta y dijo "entonces es la guerra", para reemprender luego las conversaciones".
