Trece meses de proceso

Tras el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, el Gobierno acordó tres días después, oído el Consejo Supremo de Justicia Militar, nombrar juez especial, con jurisdicción en todo el territorio nacional, al consejero togado José García Escudero. Al mismo tiempo, el entonces capitán general de Madrid, teniente general Quintana Lacaci, nombraba juez especial para el procedimiento relativo al asalto al Congreso de los Diputados al coronel instructor Ignacio Díez de Aguilar. Esta última causa concluyó sus investigaciones el mes de marzo de 1981 y, fue remitida al Consejo Supremo de Justicia Militar. Al ser aceptado el informe del coronel instructor Díez de Aguilar, ambas causas, la de ámbito nacional y la de la Capitanía de Madrid, quedaron unificadas en una sola, bajo la responsabilidad judicial del general togado García Escudero.La tramitación de la causa, según el procedimiento militar, comenzó el 2 de marzo de 1981 su primera fase de sumario, en la que se llevaron a cabo todas las actuaciones y diligencias encaminadas al esclarecimiento y comprobación del delito. Asimismo es en la fase del sumario donde se practicaron todas las pruebas necesarias: declaración de procesados y testigos; y careos.

Una vez concluido el sumario, el 29 de junio de 1981, el juez instructor elevó sus actuaciones al Consejo Supremo de Justicia Militar. Diez días más tarde, el máximo órgano de la justicia castrense: acordó la elevación de la causa 2/81 al período de plenario, por considerar completa la investigación sumarial y no apreciar defectos; esenciales en las actuaciones del juez instructor García Escudero, que cesó en sus funciones, y acordó la designación de consejero instructor para el período de plenario del general consejero togado José de Diego López.

En agosto, y ya dentro de la fase de plenario, fue elaborado y firmado el escrito de conclusiones provisionales del fiscal, general José Manuel Claver Torrente, que había sustituido días antes al anterior fiscal de la causa, general Joaquín Lobón, así como los escritor de conclusiones provisionales de los defensores. A continuación se abrió un período de pruebas propuestas por ambas partes. La fase de plenario finalizó el 19 de enero de 1982, y a principios de febrero se hizo público el escrito de conclusiones definitivas del fiscal.

El 11 de febrero, el Consejo Supremo de Justicia Militar acordó la fecha del 19 del mismo mes paral el inicio de la vista del juicio. Esta se inició con la lectura del apuntamiento de la causa y de los folios sumariales interesados por el fiscal y los defensores, para lo que se dedicó un período de once jornadas. Al interrogatorio de los procesados en la causa, a lo largo de catorce jornadas, ha seguido declaración de los testigos, iniciada el pasado 2 de abril, con una duración de nueve jornadas.