Los socialistas recuerdan que anticiparon hace un mes que se les culparía de la retirada de la LAU

"Los hechos han venido a confirmar plenamente cuanto pronosticamos hace ya un mes: que la LAU sería retirada utilizando como pretexto la intransigencia de los socialistas, a sabiendas de que tendríamos que negarnos a las modificaciones que se nos iban a proponer", manifestó ayer Gregorio Peces-Barba, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la comisión que dictaminó el proyecto de ley. El presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, y el líder socialista Felipe González se reunieron el pasado miércoles para estudiar los cambios propuestos por UCD, sin que se llegara a un acuerdo.El anuncio de que el Consejo de Ministros decidiría hoy la retirada del proyecto de ley, fue atribuído por Efe a fuentes del Gobierno de la máxima solvencia, las cuales habían explicado que la medida era una firme decisión del Gobierno ante la actitud obstinada del partido socialista al no admitir algunas modificaciones para perfeccionar el texto de la ley aprobado por la comisión". Esta afirmación mereció "el desdén y el rechazo más absolutos" del diputado socialista Peces-Barba, para quien "se ha vuelto a poner de manifiesto la baja credibilidad del partido del Gobierno y su falta de respeto a los compromisos adquiridos y a la palabra dada".

Calvo Sotelo y Felipe González se entrevistaron el miércoles para discutir el documento de modificaciones al texto de la ley de Autonomía Universitaria dictaminado por la comisión, que el presidente del Gobierno había remitido al secretario general del PSOE hace una semana. Felipe González expresó al presidente la actitud favorable de su partido hacia la reintroducción del artículo 8 del primitivo proyecto del Gobierno, relativo a la garantía de la enseñanza en castellano en las universidades de las comunidades autónomas, y la disposición a negociar en el trámite del Senado aspectos que no alterasen sustancialmente el acuerdo inicial con el ministro de Educación, Federico Mayor.

Al parecer, el presidente Calvo Sotelo presentó al secretario general del PSOE una alternativa cerrada: o se discutían las modificaciones propuestas, pero ya con vistas al Pleno del Congreso, sin esperar al Senado, o el Gobierno retiraría el proyecto. La respuesta de Felipe González parece obvia, si el representante del Gobierno en la Junta de Portavoces del Congreso, Gabriel Cisneros, anunciaba ya ayer, antes de la reunión del Consejo de Ministros, la casi segura retirada del proyecto.

Las quejas de Fraga

Fuentes socialistas han comentado que las modificaciones propuestas por el presidente del Gobierno "recogen, y en ocasiones tratan de atender puntualmente, las quejas y críticas que Fraga Ir¡barne hizo llegar a Calvo-Sotelo el pasado 26 de febrero, cuando la Comisión de Educación del Congreso estaba discutiendo la ley". En este sentido cabría interpretar las modificaciones que se pretenden en el capítulo del profesorado, y ello tanto por lo que respecta a la exigencia de la dedicación exclusiva para el desempeño de cargos unipersonales (artículo 49.8), como por lo que concierne a las transitorias que favorecen el contrato como profesores permanentes de los actuales no numerarios.Fraga Iribarne, en su escrito al presidente del Gobierno, calificaba como "graves, arbitrariedades" del actual proyecto de ley, entre otras, la que "Ileva a desplazar a un sector prestigioso del profesorado de las posiciones de responsabilidad que ocupan en la vida académica". A transformar radicalmente este aspecto de la última redacción de la ley estaban encaminadas algunas de las modificaciones propuestas. Del mismo modo cabría interpretar las que se refieren al tratamiento que reciben las universidades privadas en la última redacción de la ley. Tratamiento al que Fraga se habría referido con la expresión desconfianza.

Es significativo, a este último respecto, la "observación al artículo 14.2", contenida en el reiterado documento de modificaciones remitido por el presidente del Gobierno a Felipe González. Este apartado de la ley dice textualmente que "el reconocimiento de una universidad privada no implicará la concesión de subvenciones económicas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado ni de fondos públicos de las comunidades autónomas"

El documento del presidente Calvo Sotelo explica que Ia expresión 'no implicará' debe quedar claro que su alcance jurídico significa 'no obstará, no impedirá' la concesión de subvenciones a las universidades privadas". Añade el citado documento que "el Grupo Parlamentario Centrista hará una explicación de voto clara y concreta sobre esta materia, y cualquier interpretación contradictoria con ésta supondrá la presentación de una enmienda en el Senado tendente a la incorporación de la expresión 'no implicará necesariamente'".

Por otra parte, se atribuye una importancia decisiva al papel que ha venido jugando el grupo de catedráticos que propugnaron el manifiesto contra el último dictamen de la LAU. El último gesto de estos catedráticos, el coloquio público celebrado anteayer en un teatro madrileño, se interpreta como el aldabonazo definitivo contra la LAU.