Aprobada en Francia la ley que suprime los tribunales militares

La broma ancestral que dice: "La justicia militar es a la justicia lo que la música militar es a la música" desapareció anoche de la jerga gala, al ser aprobada por la Asamblea Nacional la ley que suprime los tribunales militares.En lo sucesivo, los delitos cometidos por los soldados o superiores del Ejército (10.867 en el año 1980) serán sometidos a las jurisdicciones ordinarias. A pesar de ello, la nueva ley es el resultado de algunas concesiones importantes del Gobierno a la jerarquía militar.

Para el ministro de Justicia francés, Robert Badinter, la supresión de los tribunales militares en este país representa, en primer lugar, un símbolo comparable al de la abrogación de la pena de muerte hace algunos meses.

Los Tribunales Permanentes de las Fuerzas Armadas (TOFA), u otras jurisdicciones militares semejantes, tenían 650 años de historia. La ley aprobada abre una nueva página de la historia de la justicia, que sólo encuentra parangón en otros dos países democráticos: Noruega y Dinamarca.

Para el presidente de la República, François Mitterrand, la supresión de este privilegio, situando a todos los ciudadanos en igualdad de condiciones ante la ley, es un medio de "integrar el Ejército en la nación". Desde que subieron al poder los socialistas, va a hacer un año el próximo día 10 de mayo, el ministro de las Fuerzas Armadas, Charles Hernu, se ha hecho el apóstol de lo que él resume en el lema La reconciliación de Francia y de su Ejército.

Con la nueva ley, el poder mitterrandista da un paso decisivo calificado de histórico, y, en todo caso, aprobado por las diversas corrientes de opinión, en el sentido de sus deseos de rematar la simbiosis de las sociedades civil y militar.

El logro ha sido conseguido tras una dura batalla iniciada el otoño último entre el ministro de Justicia y el del Ejército, representante este último de las reivindicaciones de la jerarquía militar.

Tres concesiones

La reconciliación Ejército-Gobierno, que ha concluido con la supresión de los tribunales militares le ha costado al poder ejecutivo tres concesiones de talla.La primera consiste en la creación de tribunales especializados (no especiales) que, como en el caso de los tribunales expertos en delitos económicos, juzgarán la cosa militar. La diferencia entre estos dos tipos de tribunales especializados es importante: los económicos juzgan sólo el delito, mientras que los militares juzgan al militar, fuere cual fuere su delito. Segunda concesión del Gobierno: para investigar o indagar en un establecimiento militar, el juez o la policía tendrán que solicitar permiso de la autoridad del cuartel.

Y, en tercer lugar, la que se considera la factura más elevada exigida por la jerarquía de las Fuerzas Armadas: la parte civil no podrá iniciar una acción judicial. Serán los tribunales los autorizados a emprenderlas, tras consulta con la autoridad militar correspondiente. Estas concesiones del Gobierno al Ejército no hacen desmerecer la fórmula del ministro Badinter: "En Francia se acabó la justicia de excepción en tiempo de paz". Sin embargo, no faltan quejas por parte de fracciones importantes de la opinión, que observan que "las presiones del Ejército han dado sus frutos, y este último ha probado que, más que una institución, es un lobby".