Polémica administrativa por la valoración de transferencias a Cataluña

Una polémica de amplia envergadura se ha suscitado entre varios ministerios y el de Hacienda, en torno a la valoración de las transferencias a Cataluña. Los primeros mantienen que el coste de los servicios transferidos -89.137 millones de pesetas de los 126.000 que recibirá la Generalidad- ha sido sobrevalorado en unos 25.000 millones. Si se confirma la versión de Hacienda, estamos ante la más dura resistencia de algunos aparatos del Estado a la gran prueba de las autonomías: su financiación.El acuerdo sobre los 89.137 millones destinados a pagar la primera anualidad completa fue alcanzado, según medios oficiales, el pasado 25 de febrero, dentro de la comisión mixta Generalidad-Estado. Cataluña podrá así hacer frente al coste de las competencias administrativas recibidas por Varias decenas de decretos de traspaso, dictados en los cuatro últimos años.

De los 89.137 millones, algo más de 50.000 saldrán de los tributos cedidos por el Estado: patrimonio, transmisiones patrimoniales, sucesiones, tasa de juego e impuesto de lujo devengado en destino. Otros 34.000 corresponderán a la participación del 1,581%, en los capítulos I y II de tributos del Estado. El resto procederá de tasas. Los 126.000 millones de presupuesto disponible por la Generalidad se completarán con los 13.344 millones de participación en las inversiones del Fondo de Compensación Interterritorial (180.000 millones), 23.344 de la partida de transferencias corrientes, y 389 (la única partida de nuevo gasto, propiamente dicho, para el Estado) destinados a cubrir los gastos de las instituciones autonómicas.

Tras la confirmación del citado acuerdo por el Gobierno, Hacienda organizó para el 10 de marzo una reunión de jefes de oficinas presupuestarias de los diversos ministerios y, dos días después, envió un oficio con el detalle de las instrucciones para que cada departamento diera de baja en sus créditos los costes de las competencias recibidas por la Generalidad. La aplicación del oficio ha sido el detonante: al menos tres ministerios han hecho constar que el dinero para Cataluña supera las previsiones defínales del año pasado: uno en 21.098,5 millones de pesetas, otro en unos 2.000 y el tercero en 1.500. En total, cerca de 25.000 millones de pesetas.

El de mayor exceso es Educación, llamado a desaparecer prácticamente cuando, en cinco o seis años, estén en marcha todas las autonomías, y, el de mayor personal. Los otros dos departamentos, de carácter económico, también han hecho constar su protesta.

La discusión técnica fue rodeada inmediatamente en niveles allegados a sus protagonistas de diversos rumores: posibles pactos con Minoría Catalana, imposibilidad de configurar las autonomías sin un fuerte aumento de gastos (como se sabe, el modelo financiero catalán será aplicado al resto), necesidad de un inminente enfrentamiento con Minoría Catalana. Los rumores se alimentaron durante el mes de marzo con las muestras de satisfacción dadas a nivel privado por importantes personalidades catalanas, impresión que confirmó ante la comisión de Economía y Finanzas del Parlamento Catalán el consejero Ramón Trias Fargas. Dijo que la cantidad asignada permite funcionar a la autonomía, y que no negociaron con un Ministerio de,, Hacienda débil.

El ministro de Hacienda, Jaime García Añoveros, y el director general de Coordinación con las Haciendas Territoriales, Jaime Trebolle, han desmentido rotundamente las versiones de rumor. Añadieron que la cantidad asignada a Cataluña se ajusta a una configuración que no aumente el gasto, pues las discrepancias con otros ministerios, en vías de solución, responden principalmente a que estos no han dado de baja en sus presupuestos los gastos de funcionamiento y personal encargado de las funciones de apoyo, dirección y coordinación de los servicios transferidos.