Pedimos dignidad

Viene de la página primera

parece, desde luego, que hechos como los de ayer merecen no sólo una opinión, sino un inventario de reflexiones, sí no queremos que a fuerza de callar tanto tengamos algún día que callarnos del todo. Tres actitudes merecen tenerse en cuenta en lo que viene sucediendo en el juicio. La de los procesados, la de los letrados, codefensores y público asistente, y la del propio tribunal.

Sobre los primeros vaya por delante nuestra comprensión. Aunque disfrazado de solemnidades y protocolos, a veces innecesarios, lo que allí sucede es bien sencillo para ellos: se les pide numerosos años de cárcel y a nadie, militar o civil, a quien se reclama tan severas penas se le puede solicitar además que mantenga de buen grado la compostura o ensaye la educación. Como procesados tienen derecho a mentir y protestar para defenderse. Cuando están en juego treinta años de prisión parece que todo pataleo es desde luego poco, y por eso tantas veces hemos visto comparecer a acusados, ante sus respectivos tribunales, o bien con las esposas de rigor o bien en protegidos lugares cerrados de los que no es posible ausentarse a voluntad. A quienes piensan que es improcedente ver a militares de alta graduación esposados, habrá que sugerirles que más improcedente resulta verles comportarse como ayer lo hicieron y en medio de una especie de lenidad. Porque la comprensión humana que nos merecen estos acusados no debe hacernos desdecir de lo que pensamos, y que piensan gran parte de los españoles. Que la toma del Congreso por las armas fue un acto de terror político, y que por tanto merece el apelativo, no sabemos si jurídico, pero sí desde luego técnico y literario, de terrorismo y los diputados el de rehenes, como dijo ayer con toda propiedad ante el tribunal el capitán general de Valladolid. En efecto, enseña la Academia que terrorismo es la "dominación por el terror", y no por otra cosa fueron dominados los congresistas y el Gobierno durante la noche del 23 de febrero -las dotes de persuasión verbal de los guardias civiles encausados se ha visto estos días atrás que son escasas-. Y a mayor abundancia la propia Academia señala que rehén es "aquella persona de estimación y calidad que como prenda queda en poder del enemigo o parcialidad enemistada mientras está pendiente un ajuste o tratado". Resulta evidente por lo demás que los diputados-rehenes no gozaron precisamente del acomodo de que disfrutan hoy día en el juicio sus secuestradores. Pero así lo justifican la dignidad del Estado de derecho y la indignidad del golpismo, respectb;amente.

Los abogados defensores, por su parte, han abusado con prodigalidad de sus facultades de defensa. En su derecho están tarnbién, pero debieran medir sus actitudes. Deseosos de politizar el juicio, muchos de ellos son reincidentes en preguntas sobre las creencias, opiniones o suposiciones de sus defendidos, pero se muestran en cambio muy poco activos en demostrar que los hechos probados desdicen de la culpabilidad de aquéllos. Y ya que se citó ayer la palabra asco, asco nos da la utilización abierta que se ha venido haciendo de la figura del Jefe del Estado en un empeño inútil de descalificación de quien simboliza hoy el régimen de concordia y paz civil que los golpistas pretendieron romper. Si los letrados están no obstante en su derecho, según decíamos, ya es más dudoso el caso de los codefensores militares, algunos de los cuales participaron ayer del escándalo que se produjo, pues están sujetos a la disciplina militar amén de a la procesal. Esperamos que el Gobierno abrirá los expedientes oportunos respecto al comportamiento de dichos codefensores y tomará las medidas disciplinarias a que haya lugar. Pues, de no hacerlo, el propio Gobierno sería culpable de este ambiente de dejación de autoridad y de subversión latente que se esparce desde Campamento. Y dos palabras más sobre los familiares y amigos presentes en el juicio. Su dolor es justificado, pues a nadie le gusta ver a su padre, hermano, marido o hijo tratado como un delincuente, ni bajo la sospecha de que efectivamente lo es. Pero ello no implica que puedan permitirse abandonos masivos, abrumadores y coreados de portazos, de la sala del juicio. Por actitudes y hechos bastante menos graves que estos hemos visto cómo eran suspendidas las credenciales del director de un diario de Madrid y cómo a otro periodista se le expulsaba del recinto. Y para nada se tuvo en cuenta que los periodistas también tienen sus convicciones y que han debido soportar igualmente no pocas agresiones verbales, ante las que no obstante procuran, con mayor acierto que otros a lo que se ve, mantener la calma.

Pero es el tribunal finalmente quien debe en todo esto ofrecer un mayor aspecto de dignidad y energía en el desempeño de sus funciones. Es al tribunal a quien corresponde utilizar la fuerza allí presente para restablecer el orden cuando este es roto, de quien depende hacer guardar sala a los acusados, acallar los excesos de los defensores, garantizar en suma el desarrollo del juicio en un ambiente procesal adecuado. Es sobre el tribunal -cuya condición de tribunal especial le aleja de las consideraciones ordinarias del poder judicial- sobre quien descansa la responsabilidad de que este juicio se vea y se establezcan las sentencias . Y no conviene desdeñar la condición militar y jerárquica de los propios jueces, sujetos en mucho a la disciplina del Gobierno, que es quien mediante nombramiento les designó en su día para tan alta e importante función como la que desempeñan. Es al tribunal por eso al que hay que decirle con respeto y claridad que ahora resulta obvio que tuvo que ejercitar la energía suficiente para hacer comparecer a los procesados en ocasión del primer plante de éstos; y que si la opinión pública ha de guardar en adelante la imagen de que este tribunal no es capaz de hacer llevar a su presencia a los acusados cuando los acusados no quieren, semejante idea se compadece mal con la propia serenidad de ánimo exigible de los juzgadores para establecer el veredicto.

Por eso pedimos dignidad. Dignidad para saber que este régimen es fuerte para juzgar y castigar a quienes tratan de subvertirlo y para conocer que la imagen de las Fuerzas Armadas que proyectan los procesados con su comportamiento anterior y actual no se corresponde en absoluto con la realidad. Los españoles tenemos derecho a un Ejército respetado y respetable y a que no se encenague más a la vista de todos el nombre de la Constitución, del Rey, de las Fuerzas Armadas y de las instituciones del Estado democrático. La dignidad de estas cosas reside precisamente en demostrar lo indigno y deshonroso del comportamiento delictivo de los golpistas, tal y como hizo ayer el general Sáenz de Santa María. Si hoy mismo no se toman medidas para ello, el escepticismo o el pavor de los ciudadanos crecerá de tono. Y empezarán a sospechar que nuestro sistema político está siendo puesto en almoneda por la inobservancia, la ineficacia, la debilidad y el miedo. Pero entonces también existen gentes culpables de eso, y tienen nombres y apellidos.