El voto de los pensionistas

AL ACEPTAR la invitación socialista para un debate parlamentario sobre la Seguridad Social, el Gobierno parece dar a entender que hace suyas las declaraciones ministeriales en el sentido de que la necesaria reforma del sistema es un asunto de Estado. La realidad es muy distinta. Durante sus cinco años de poder, la Segurídad Social ha incubado un proceso de deterioro financiero que sólo ha conocido paños calientes. Ahora el ejecutivo se acuerda de los remedios, (ver EL PAIS del viernes página 57) a las mismas puertas de la campaña electoral.Dos meses después de que terminaran sin acuerdo las conversaciones con patronal y sindicatos al respecto, se ofrece un programa de propósitos que en poco o en nada concreta la propuesta presentada ya en noviembre a la comisión forniada al respecto, presidida por el profesor Fuentes Quintana, y que acabó en fiasco entre este y la CEOE. Ciertamente, incorpora el nuevo documento algunas medídas contenidas en la propuesta de síntesis final ofrecida por Fuentes, pero ni siquiera se atreve a concretar las proyecciones macroeconómicas que puedan hacer viable un programa de saneamiento y recuperación de nuestra Seguridad Social. Al menos, el Gobierno podía haber aprovechado el tiempo transcurrido en discusiones bizantinas en dictar las resoluciones, órdenes ministeriilles y decretos que ahora propone. Porque de sus medidis sólo dos requieren respaldo parlamentario: las dotaciones presupuestarias del Estado para Seguridad Social y la transformación del Instituto Nacional de Empleo en órgano de promoción de empleo.

Un repaso general de las 63 medidas propuestas para la "mejora y racionalización de la Seguridad Social", publicadas ayer, nos saca inmediatamente de posibles equívocos. Las mayores esperanzas de contención de gastos se centran en aplicar a las pensiones el Indice de Precios al Consumo esperado (para 1983, un 10%). ¿Con qué fuerza moral se pretende comprometer a otros partidos en un recorte así, cuando los mayores crecimientos de las pensiones, que hoy suponen más de la mitad del presupuesto, fueron concedidos en 1977 y 1979, al albur de las elecciones generales y como fácil señuela propagandista?.

Aunque el Gobierno deja la reforma en profundidad para dentro de varios años, a la espera de que sea definida por una comisión de expertos "apartidistas", se pretende avanzar en el razonable horízonte de descargar las aportaciones empresariales, que pesan sobre el empleo como un verdadero impuesto. Aquí el paso es decidido: de menos de un 15% de financiación estatal en 1982, se pasaría al 17% en 1983 y al 20% en 1984, cuando lo permíta la implantación del Impuesto sobre el Valor Añadido. En uno y otro caso, las concesiones al empresariado son claras. La menor protección a través de las pensiones abona el campo para la instalación de fondos de pensiones privadas. La mayor aportación del Estado, orientada a acercarse a los modelos de financiación europeos, de los que estamos lejos, no es complementada por una más fuerte presión fiscal sobre las rentas no procedentes del trabajo o el consumo, de cuyo nivel europeo España está igualmente lejos. Tampoco se anuncian medidas decididas para corregir el amplio nivel de fraude ni los equilibrios contributivos entre unos y otros sectores y empresas.

Son dignas de encomio todas las tímidas disposiciones anunciadas para fijar incompatibilidades entre pensiones y de estas con el trabajo remunerado, siempre que se garanticen verdaderamente los derechos adquiridos. También merecen elogio los propósitos de corregir abusos en la percepción de la incapacidad laboral transitoria, que se ha disparado por falta de controles. Pero, en cambio, poco se dice de las situaciones de necesidad, especialmente del paro. Pese a que el propio Calvo Sotelo anunció desde la Vicepresidencia Económica que serían atendidos los parados con cargas familiares y sin subsidio, el documento gubernamental de ahora no sale de la ambiguedad; sólo anuncia el estudio de la posibilidad de prestaciones complementarias por desempleo y la intensificación del empleo de jóvenes y no subsidiados, para "cuando lo permitan las disponibilidades presupuestarias".

Comentario aparte merece elñ propósito de mejorar el nivel sanitario, sobre todo fomentando la medicina primaria y preventiva. Demos de momento como buena la intención de cobrar a enfermos privados el coste real de los servicios, asegurar su pago y replantear la política de conciertos entre la Seguridad Social y lor organismos privados. Pero resulta bastante claro que medidas tan elementales, y tan solicitadas por la opinión pública, no se hayan abordado hace tiempo. Así, no tiene excusa por ejemplo la demora en la realización de auditorías y presupuestos efectivos que eviten el despilfarro o la corrupción.

En definitiva el documento gubernamental sobre la Seguridad Social es casi casi un nada con sifón, un esfuerzo encomiable en sus intenciones, pero también un sistema de aplazar lo inapalzable: la reforma en profundidad, con garantias de viabilidad financiera. Si esta no se emprende cuanto antes, la Seguridad Social acabará declarándose en quiebra y suspendiendo pagos.