Ajuste de cuentas en Guatemala
HAY NUMEROSAS razones, aunque todavía no haya información suficiente, para mantener muchas reservas frente al golpe de Estado de Guatemala. Las fórmulas de acabar con la corrupción, restablecer los derechos humanos y volver a la democracia han sido utilizadas en cada uno de estos movimientos -tantos en Guatemala que ya parecen la forma normal de cambiar los poderes en el país-, y ninguna de estas promesas se ha cumplido jamás. Lo que en principio parecía un movimiento de oficiales jóvenes cansados de una caduca cúpula de mandos (lo cual tampoco sería una garantía de solvencia) se canalizó inmediatamente hacia viejos generales y viejos políticos, en lo que parece un ajuste de cuentas, un episodio más de los antiguos y perennes enfrentamientos entre distintas familias militares.Emerge el general Efraín Ríos Montt frente al general Romeo Lucas y su sucesor, nombrado de forma que las últimas elecciones coincidieran con esa designación, el general Angel Aníbal Guevara, que era aún ministro de Defensa hasta su toma de poder, pero que estaba descansando en Estados Unidos; descanso insólito en un ministro de Defensa de un país en plena guerra civil y con amenazas muy concretas de levantamiento. Los suspicaces creen ver en este viaje el deseo de desaparecer de momento, bien por su información propia, bien porque Estados Unidos le advirtiera de algo. La amenaza de gol pe estaba hecha por el movimiento anticomunista, que había dicho ya que, si los resultados electorales no eran legales, marcharía sobre el palacio presidencial. Lionel Sisniega, que aparecía como vicepresidente en la candidatura anticomunista (que encabezaba Mario Sandoval), hizo una repulsa y una impugnación legal de las elecciones; ha sido el portavoz oficial de los sublevados. En cuanto a Efraín Ríos Montt, está impugnando elecciones y discutiendo la legalidad del país desde, por lo menos, el año 1974, cuando en las elecciones del 3 de marzo apareció en segundo lugar -encabezando dos partidos: la Democracia Cristiana guatemalteca y el Frente Unido Revolucionario Democrático-, bajo el candidato oficialista, el general Laugerud; impugnó, pero el Congreso confirmó el 12 de marzo la validez de la elección de Laugerud (a quien sucedió, en 1978, Romeo Lucas, depuesto ahora, después de haber cedido el poder por sospechosa vía electoral a Guevara).
Aparte de la ilegalidad intrínseca del golpe o ajuste de cuentas, éste significa una ruptura de la situación anterior. ¿En qué sentido? Podría verse en él una situación parecida -dentro de lo relativo- a la que se planteó en El Salvador el 15 de octubre de 1979, cuando un grupo de militares destituyó al general Romero y formó una Junta en la que participaron civiles -de la Democracia Cristiana, preferentemente-, y cuyo residuo -después de depuraciones, fugas y renuncias, como la del coronel Majano- es el esquema de poder que apoya hoy Washington, y que se apresta a celebrar elecciones tan dudosas, por lo menos, como la de El Salvador el próximo domingo, en un país bañado por la sangre y el terror. La cuidada discreción del Departamento de Estado ante los sucesos de Guatemala da a entender que, por lo menos, sospecha que esta Junta guatemalteca puede intentar una apariencia de legalidad que ya no amparaba la sucesión Romeo Lucas-Aníbal Guevara.
El intento de los protagonistas de esta nueva situación de mantener una apariencia de regreso a la democracia y de creación de una nueva imagen del poder en Guatemala no parece, por las características del golpe y por lo que se sabe de las personalidades ascendidas, destinado a un gran futuro: tendrían que variar enteramente los planteamientos sociales del país, y en un plazo muy breve; y quizá la guerra civil esté ya demasiado adelantada como para que se abra una tregua en una situación tan poco convincente.
