Los defensores se quejan de las críticas de los líderes políticos

El periódico ultraderechista El Alcázar publicó ayer un escrito, firmado, según decía, por "la mayor parte de abogados defensores y codefensores en el juicio del 23-F", aunque no daba ningún nombre, que ha sido entregado al Consejo Supremo de Justicia Militar. En él se critican las declaraciones de repulsa del presidente del Gobierno, Consejo de Ministros y líderes de los principales partidos políticos parlamentarios ante la reiterada voluntad de los procesados de querer implicar al Rey en el intento de golpe de Estado y dicen que tales manifestaciones tienden "a coartar el libre desempeño de nuestra sagrada e irrenunciable misión " y atentan "a la independencia del poder judicial".Después de afirmar que "la libertad de defensa se siente gravemente perturbada", los letrados enumeran declaraciones de las instituciones y partidos citados. "En la sesión del Consejo de Ministros deI día 17 de los corriente", dice, el escrito, "el Gobierno declara oficiosamente su repulsa por las reiteradas alusiones a la figura de Su Majestad el Rey, durante el desarrollo de la vista oral de la causa mencionada, que supone, en su opinión, descrédito ele las instituciones del Estado". Por su parte, el presidente del Gobierno manifestó el día 18 del mes actual que "como diputado del Congreso en la noche del 23 de febrero, me produce indignación la arrogancia de algunas declaraciones políticas de implicados y defensores".

El escrito (de los defensores del 23-F cita también la frase de Santiago Carrillo de que "lo más preocupante es la permisividad con que se está desarrollando la clara táctica de las defensas". "Ni que decir tiene", siguen los abogados, "que, a poco intimidables que fuesen -por más que no sea este el caso-, tanto este letrado como sus compañeros, no podrían por menos de sentirse cohibidos por estas muestras coactivas de prepotencia gubernamental y política sobre lícitas actividades de postulación que, de ser delictivas o constituir extralimitación, ya habrían sido reprimidas en el acto por el tribunal o vetadas o perseguidas legalmente por el ministerio público, presente en el acto frente a las defensas". Los firmantes dicen, más adelante, que "no estamos dispuestos, en lo que de nosotros dependa, a someternos -y menos todavía que se sometan nuestros defendidos- al montaje de "juicios populares" o "paralelos" fuera y al margen de las salas de justicia".

Por último, los abogados se quejan de que lo que sucede en la sala de justicia "no suele llegar con la fidelidad y exactitud debidas a la opinión pública, precisamente en los aspectos de mayor importancia e interés, habida cuenta de las tendencias respectivas de los medios de información allí acreditados", por lo que los firmantes ruegan "encarecidamente a ese alto tribunal se acceda a que las sesiones de la vista sean transmitidas en directo, tanto por la Televisión como por las emisoras de radio de mayor audiencia, con lo que tendría plena realidad lo que legalmente es y debe ser audiencia pública".