Las incompatibilidades se aplicarán a todos los médicos de la Seguridad Social si el PNV vota con la izquierda
El Pleno del Congreso de los Diputados que comienza esta tarde incluye, entre los puntos del orden del día, el debate sobre el proyecto de ley de Incompatibilidades. Los grupos parlamentarios de la izquierda mantendrán numerosas enmiendas al texto que aprobó la Comisión de Presidencia con los votos de UCD, Coalición Democrática (CD) y Minoría Catalana. Si el PNV, de acuerdo con lo anunciado a EL PAIS, vota con la izquierda a favor de la inclusión en el ámbito de la ley de todo el personal al servicio de la Seguridad Social, podría ampliarse el alcance de las incompatibilidades, que afectarían a miles de médicos, ahora excluidos.
En el debate que sobre este proyecto de ley se produjo en la Comisión de Presidencia del Congreso, inicialmente se alinearon socialistas, comunistas, nacionalistas vascos y catalanes y andalucistas en favor de que la ley afectara a todo el personal de la Seguridad Social, mientras que se opusieron los centristas y se abstuvieron CD y el representante del Grupo Mixto. El empate producido se deshizo en contra de los primeros al unirse a UCD la Minoría Catalana y CD, y permanecer ausente el PNV.El diputado de este último grupo Andoni Monforte, manifestó a EL PAIS que la ausencia de su grupo no debía interpretarse como un apoyo tácito a UCD en este punto, y anunció que mantenían la posición expresada en la comisión en un primer momento. Según esto, y teniendo en cuenta el voto previsto para el Pleno del Congreso por parte de los socialistas, comunistas, andalucistas y diputados de la izquierda del Grupo Mixto (incluidos los diez de Acción Democrática, que en este punto no tienen compromiso con el Gobierno), la votación estará muy ajustada y podría producirse un vuelco en favor de la postura de la izquierda.
Dedicación exclusiva y jornada reducida
Los socialistas defenderán también que el régimen normal de prestación de servicios por los funcionarios públicos y demás personal sometido a la ley de Incompatibilidades sea el de dedicación exclusiva a sus puestos y tareas. No es probable que prospere esta tesis. En cambio, de acuerdo con el texto aprobado en comisión, quedará consagrado el pluriempleo -o mejor, el plurisueldo-, al establecer el régimen de jornada reducida como excep,ción a la prohibición genérica de percibir más de un sueldo público.Cuando los se:rvicios se presten en régimen de jornada reducida, en uno de los piiestos de trabajo, sólo se percibirán como máximo las retribuciones básicas y en el otro no se podrán percibir complementos por declicación especial, plena, exclusiva o prolongación de jornada.
Según fuentes de la izquierda, estas especificaciones serán sólo de aplicación,al personal subalterno y de a pie, ya que los altos cargos no perciben estos tipos de complementos, sino el denominado incentivo de productividad que, al no estar expresamente excluido, seguirá siendo percibido por funcionarios tales como los abogados del Estado, téciiicos de la Administración civil elel Estado, inspectores de trabajo y miembros de otros altos cuerpos.
Frente a la posición socialista y comunista, contraria al desempefío retribuido de la función pública por parte de los parlamentarios y de los miembros de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, el texto que se someterá a debate en el Pleno del Congreso prevé que dichos cargos electivos, si desean continuar prestando servicios en las Administraciones públicas, "deberán optar entre continuar percibiendo las retribuciones totales que por estas les puedan corresponder y las cantidades destinadas a resarcir estrictamente los gastos realizados en función del cargo electivo, o las retribuciones totales devengadas por este cargo y las que le correspondan en la Administración al régimen de jornada reducida..."
En contraste con estas facilidades para el pluriempleo público, el texto propiciado por UCD, recogiendo en este punto enmíendas socialistas, establece que la función pública "será absolutamente incompatible" con una serie de actividades directivas en empresas privadas cuando estén relacionadas con su trabajo como funcionario.
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