Prudencia e inquietud

CON LA inevitable excepción de la Prensa ultraderechista, la vista oral del proceso por los hechos del 23 de febrero de 1981 está siendo seguida por la sociedad española con una combinación de prudencia e inquietud, de tranquilidad y de temor, de cierta aburrida impaciencia ante un final que no parece haya de llegar nunca. Sólo la provocación de los encapuchados de ETA ha tensado, fuera de los círculo del poder, la situación. Pero ese clima social de serenidad no se ve favorecido -antes al contrario- mediante la simulación de una cotidianidad rutinaria en la gestión de los asuntos del Estado o con la instalación en primer plano de las peleas y conflictos dentro de la clase política al grito de aquí no pasa nada.

Mientras los españoles se enteran, por las declaraciones de los procesados en el juicio de Campamento, de la existencia de grupos violentos clandestinos dentro de las Fuerzas Armadas y de jefes y oficiales -no sentados en el banquillo y de identidad desconocida- dispuestos a derribar mediante la fuerza la Monarquía parlamentaria, no resulta fácil aceptar algunos juegos de esgrima entre el Gobierno y la oposición o entre los diferentes partidos para sacar pequeñas ventajas en una carrera electoral iniciada desde hace varias semanas, pero que puede todavía quedar bruscamente interrumpida, y para muchos años, por un acto de fuerza, si la gobernación del país no se rige con mayor energía y menos hamletiana dubitación.

Ejemplos de ello pueden encontrarse en casi todos los terrenos. Se dice ya que la ley de Autonomía Universitaria podría ser retirada como consecuencia de los intereses corporativistas de los numerarios y de las presiones de las universidades de la Iglesia. También se difunde la noticia de las inútiles diligencias previas de la jurisdicción militar contra Alfonso Guerra, mientras desconocemos que el Ministerio de Defensa haya emprendido investigación oficial ni diligencia alguna respecto a esos misteriosos grupos violentos comandados por coroneles y oficiales que a diario salen a relucir en las primeras páginas de los periódicos. Los comunistas retiran del Congreso una proposición de ley sobre el abortó, pero sus concejales, de acuerdo con sus compañeros socialistas, presentan una moción sobre el tema destinada a pedir agilidad en la resolución del mismo. Para ello, según dicta el sentido común, bastaría quizás con no haber retirado la proposición. El Gobierno del Principado de Asturias se convierte, asimismo, en motivo de un sordo forcejeo entre el PSOE y el PCE, probablemente incomprensible para sus votantes. Sin embargo, es con seguridad la polémica sobre la autonomía valenciana la que ha batido todas las marcas de estupor en unos momentos en que la atención del país se centra en el juicio de Campamento.

El debate en el Pleno del Congreso sobre el Estatuto de Benicasim ya fue un cúmulo de despropósitos. Pero la resaca de la derrota del Gobierno está dando todavía mayores sorpresas. Fernández Ordóñez se enreda en sutilezas bizantinas para justificar el voto negativo de su grupo al artículo uno del proyecto, después de que dijera, como dijo, que apoyaría el proyecto gubernamental, de infausta memoria. El secretario general de UCD lanza una patosa broma sobre el ex ministro de Justicia y la festividad de los Santos Inocentes. Fernando Abril Martorell, responsable en gran medida de la hecatombe del Estatuto por su obstinación en imponer a golpe de mayorías raspadas un texto insuficientemente negociado, sigue haciendo demagogia gruesa con los símbolos y atizando las emociones de la derecha valenciana para ganar posiciones electorales... Parece evidente que la derrota del Gobierno no se hubiera producido con un mínimo de preparación del Pleno y con la presencia en el hemiciclo de todos los diputados de UCD y Coalición Democrática comprometidos a un voto favorable. Y también es obvio que, si Fernández Ordóñez había asegurado que su grupo apoyaría el Estatuto en su totalidad, resulta poco ético que votaran en contra del primer artículo concreto del texto cuando incluso podían haber elegido como alternativa menos mala el camino de la abstención. Quizás el ex ministro de Justicia no debía haber prometido nunca a Calvo Sotelo el sí para una ley que resultaba con evidencia conflictiva e inoportuna en sus planteamientos. Pero, puesto que lo hizo, debió cumplir con ello o pudo al menos avisar de su arrepentimiento. Las notas y declaraciones posteriormente cruzadas entre el líder de Acción Democrática y el presidente del Gobierno no han hecho sino empeorar las cosas. La política es un digno y hermoso espectáculo. No se convierta en un patio de monipodio, que bastante hay ya con lo que se está diciendo y oyendo en el Servicio Geográfico del Ejército.