El sargento Montero, pendiente de juicio por abandono del arresto domiciliario tras su actuación en el 23-F
El sargento de Infantería Juan Montero Ramírez, que permanece en prisión preventiva en el Castillo de La Palma (El Ferrol) y se declaró en huelga de hambre indefinida recientemente, tiene pendiente un proceso -el 131/ 81- por abandono del arresto domiciliario a que fue sancionado por las autoridades militares competentes, tras haber participado en el intento de ocupación armada del Gobierno Militar de Madrid la noche del 23 de febrero de 1981. Actualmente se encuentra pendiente de juicio y a disposición de la Capitanía de la I Región Militar (Madrid) donde ocurrieron los sucesos que protagonizó la noche de la intentona golpista.Tras abandonar su arresto domiciliario, el sargento de Infantería Juan Montero Ramírez fue ingresado en la prisión militar de Alcalá de Henares y, posteriormente, trasladado al castillo de la Palma. Juan Montero inició recientemente una huelga de hambre "hasta sus últimas consecuencias", según informaba el pasado lunes el diario El Alcázar, y justificaba su actitud como una acción defensiva frente "a las constantes injusticias que recibo por parte de los servidores incondicionales del poder". Este añadía que el trato que recibía por parte de sus custodiadores era, en todo momento, correcto, aunque "las condiciones de mi encierro son rigurosas en extremo
Fuentes oficiosas militares de toda solvencia aseguraron que su protesta era exagerada, ya que el régimen de vida en el castillo de la Palma es absolutamente normal y ello se ha podido comprobar cuando allí estuvo internado el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero Molina.
Este sargento explicó el 27 de febrero del pasado año a través de la televisión francesa cómo ocupó durante varias horas, junto con el coronel Garchitorena y otros compañeros, el Gobierno Militar de Madrid en la noche del 23F.
Nacido el 22 de julio de 1949, Juan Montero Ramírez es diplomado en paracaidismo e idiomas (alemán) y desde el día 1 de enero de 1981 se encontraba a disposición del capitán general de la VI Región Militar que cubre la zona del País Vasco. En julio de 1980, el sargento fue detenido por la Policía que le consideró vinculado a un grupo de activistas de extrema derecha -probablemente el Batallón Vasco Español- y le ocupó numeroso material explosivo. Tras ser procesado por esta causa, el juez de la Audiencia Nacional dictó para él la libertad provisional.
