La justicia militar inicia acciones contra Alfonso Guerra, presidente del Grupo Parlamentario Socialista
El fiscal jurídico militar de la I Región ha iniciado acciones judiciales contra el presidente del grupo parlamentario socialista, Alfonso Guerra, por iniciativa del Consejo Supremo de Justicia Militar. El motivo de las mismas son las declaraciones realizadas el pasado 7 de febrero por el número dos del partido socialista, quien puso en duda la seriedad del juicio a los implicados en el fallido golpe de Estado de febrero de 1981, doce días antes del comienzo de la vista. El eventual procesamiento de Alfonso Guerra, caso de que llegue a producirse, precisaría la aprobación de un suplicatorio contra él por el pleno del Congreso, a solicitud del Tribunal Supremo.
La noticia se ha conocido cuando Guerra lleva dos días ausente de España -se encuentra en Roma, en una reunión con el Partido Socialista italiano- y otros miembros de la ejecutiva mantienen actitudes de extrema prudencia sobre la postura pública a adoptar. Un portavoz de la ejecutiva se limitó a declarar a este periódico que "nos reservamos nuestra opinión hasta que se produzca la comunicación oficial sobre estas actuaciones. Cuando se reciba, el partido hará pública su posición, dentro del ordenamiento legal vigente."Al margen de las importantes connotaciones políticas de este caso, el principal punto de interés se refiere al procedimiento utilizado para dichas diligencias judiciales. Según la agencia Europa Press, que facilitó ayer la primera noticia al respecto, Ia autoridad judicial militar va a dirigir al Congreso de los diputados una comunicación, preguntando si el dirigente socialista tenía la condición de diputado el día en que se produjeron las declaraciones." Esta supuesta relación directa de la justicia militar con el Parlamento ha causado extrañeza en medios jurídicos. Aunque no se conoce con precisión el supuesto delito del que podría ser acusado Alfonso Guerra, las mismas fuentes consideran que el procedimiento previsto en el Código de Justicia Militar implica que el fiscal togado del Consejo Supremo, "por sí o a instancia del Ministro de Defensa", formule una moción al fiscal del Reino en solicitud de la concreta acción de la justicia a que haya lugar. Por tanto, en caso de que el Consejo Supremo decida exigir responsabilidades a Alfonso Guerra, el trámite debería realizarse a través de la jurisdicción ordinaria.
Dada la condición de parlamentario del vicesecretario general del PSOE, el Tribunal Supremo sería el órgano competente para pedir al Congreso el suplicatorio para procesar a Guerra. En el supuesto de que se plantee efectivamente la solicitud, sería la primera vez en que la Cámara tuviera que pronunciarse sobre el suplicatorio respecto a un alto dirigente parlamentario, que en este caso ocupa también el cargo de vicesecretario general de la ejecutiva de su partido.
En las declaraciones a que parecen referirse las actuaciones judiciales, realizadas a la agencia Efe, Guerra manifestaba: "Es cierto que existe el temor de que los juicios del 23+ van a ser una farsa, y yo lo comparto". Asimismo decía que sin un juicio justo habrá acabado la posibilidad de convivencia democrática, entre otras observaciones referidas al proceso por el fallido golpe de Estado.
Por más que algunos dirigentes socialistas apenas podían ocultar ayer su preocupación, el ambiente en la sede de la ejecutiva del PSOE era de tranquilidad respecto a dicha noticia, a la espera de datos oficiales al respecto y en ausencia de sus máximos dirigentes.
No es una sorpresa
Sin embargo, para la dirección socialista no ha sido una sorpresa esta iniciación de acciones judiciales contra Guerra, que de algún modo esperaban desde la dura reacción del Ministerio de Defensa a las tantas veces mencionadas declaraciones. El citado departamento advertía, el 9 de febrero pasado, que "con independencia del ejercicio de las acciones judiciales a que hubiere lugar", el Ministerio calificaba esas manifestaciones como "intolerable injerencia en el ámbito en- el ámbito de la jurisdicción castrense" y "grave atentado a la condición de tribunal de justicia que ostenta el Consejo Supremo de Justicia Militar y a su prestigio como poder judicial." La nota finalizaba rechazando firmemente tales imputaciones, en nombre del máximo organismo de la justicia militar.
Pese a ello, en el tiempo transcurrido desde aquel asunto no se ha producido rectificación alguna de Alfonso Guerra. Este último ha manifestado varias veces en privado, y lo ha insinuado en público, que sus declaraciones a la agencia Efe respondían a su pensamiento, y que en todo caso él no había afirmado que estuviera seguro de que el juicio por el 23-F iba a ser una farsa, limitándose a compartir un temor supuestamente extendido en ambientes sociales. En los últimos meses, Guerra ha expresado frecuentemente su criterio de que el futuro del sistema democrático depende estrechamente de que las sentencias a los implicados en el intento de golpe de Estado se adecúen a la gravedad de aquellos hechos.
Una redactora de la agencia Efe, autora de la entrevista con Alfonso Guerra, ha sido llamada a prestar declaración.
