Consecuencia de la colza

El ENVENENAMIENTO producido por el consumo de aceites tóxicos no sólo ha causado ya mas de 260 muertes sino que también plantea algunos pavorosos problemas que no fueron contemplados en su día, ni por el Gobierno ni por el Congreso, a la hora de articular un conjunto de medidas destinadas a amortiguar las tristes consecuencias de este criminal atentado contra la salud pública. Nos referimos, en particular, al caso de las mujeres afectadas por el síndrome tóxico y que esperan un hijo concebido antes o después de percatarse de su enfermedad.No estará de mas recordar la ligereza con que fueron saldadas las eventuales responsabilidades políticas y administrativas del Gobierno, que se benefició de la situación de inestabilidad creada por el golpismo y de los temores de la izquierda a que un debate parlamentario en regla contribuyera a debilitar al sistema constitucional. En la entrevista del sábado pasado en Televisión, celebrada con el ritual y el estilo del ancien regime, el presidente Calvo Sotelo no hizo la menor alusión al asunto de la colza, ni hubo ninguna intención por parte del entrevistador de que la hiciera, lo que habla por sí mismo del nivel de independencia informativa de la pequeña pantalla. El Congreso, por su parte, resolvió constituir el pasado mes de septiembre una comisión de encuesta, mixta de las dos cámaras, que está llevando a cabo su tarea sin prisas, con pausas y sin apenas medios, lo que parece ser un claro síntoma del escaso interés que un tema como éste suscita en las áreas del Gobierno, cuyo vicepresidente económico todavía tiene que explicar las negligencias del Ministerio de Comercio en la importación y tráfico de los aceites homicidas. Por lo demás, no faltan quienes expresen su temor de que el tiempo transcurrido desde que comenzaron a registrarse las primeras intoxicaciones hasta que se descubrió este comercio de la muerte pudo ser utilizado por algunos de los culpables para construir un complicado entramado de coartadas, borrar el rastro de su participación criminal y escapar a la acción de la justicia.

Pero al margen de las responsabilidades penales de los traficantes y de las responsabilidades administrativas y políticas de los organismos estatales se encuentra la dolorosa realidad de los afectados por el consumo de la grasa venenosa. Los estragos físicos de la enfermedad se han visto acrecentados, en las últimas semanas, por las perturbaciones emocionales y psicológicas nacidas de la angustia ante el futuro y de la información fragmentaria. y un tanto confusa sobre las consecuencias finales de su dolencia. Dentro de ese cuadro genérico de temores y preocupaciones ocupa un lugar de primerísima importancia la ansiedad con que las madres gestantes afectadas por el síndrome contemplan el desarrollo de su embarazo.

La interrupción voluntaria del embarazo es un tema de perfiles complejos que exige, por lo mismo, un debate amplio y clarificador por parte de la sociedad civil. Pero además en este caso, y en tanto se sustancia una solución legal sobre el problema del aborto, deben ser atendidas cuestiones que impiden aceptar el plazo normal que una discusión de este género, en la callé y en el Parlamento, se tomará antes de que cambie la ley, si es que cambia. La situación excepcional -desde el punto de vista clínico- creada por el envenenamiento de los aceites tóxicos afecta mayoritariamente a unos sectores de la población en los que el control de la natalidad se halla dificultado por la ignorancia o la pobreza y que también carecen, por razones estrictamente dinerarias o por falta de información, de la posibilidad de realizar en el extranjero, con plena legalidad y adecuada asistencia médica, unas prácticas abortivas que se hallan severamente castigadas en España y que gran parte de las veces se desenvuelven con serio peligro para la propia gestante. La Administración, tras prestar oídos sordos a la exigencia de responsabilidades por sus negligencias y fallos en los controles de los aceites tóxicos, también parece dispuesta a hacerse la distraída ante los patéticos problemas que plantea a las madres embarazadas, víctimas de las secuelas del envenenamiento, la atroz pesadilla de alumbrar niños condenados de antemano por los aceites tóxicos. La ansiedad de muchas madres gestantes no encuentra otra respuesta a sus interrogantes que el frío y cruel recordatorio, pronunciado por personas autorizadas del propio Gobierno, de que la legislación vigente no sólo prohibe el aborto sino que lo castiga con severas penas de privación de libertad. Todo el mundo sabe que la moral oficial española sobre la interrupción voluntaria del embarazo está contradictoriamente animada por unas leyes severamente represivas para quienes adoptan esa decisión -siempre dolorosa- dentro de nuestras fronteras y por una farisaica tolerancia hacia quienes, con información y dinero suficiente, abortan libremente en Gran Bretaña o en otros países europeos.

Esta angustiosa situación recuerda inevitablemente a los dramas de la talidomida y de Seveso, que tanta influencia han ejercido sobre la opinión pública europea en el debate sobre el aborto. Los moralistas tienen sus puntos de vista, tan diversos como respetables, sobre la cuestión de si se puede hablar de vida humana antes de que el feto abandone la placenta, que es el momento límite admitido por la mayoría las legislaciones tolerantes para la interrupción autorizada del embarazo. Pero antes de resolver el problema de fondo, y quizá como una forma de empezar a resolverlo, el Gobierno tiene que responder al angustioso problema concreto de las embarazadas que padecen el síndrome tóxico. Si nuestras autoridades no quieren caer en la monstruosidad moral de responder con el código penal a las dolorosas preguntas de esas mujeres, añadiendo sanciones de privación de libertad al ya terrible castigo que padecen las madres del síndrome, tendrán que buscar una salida humana y sensata a la situación. Sin duda un Estado de Derecho no puede incurrir en la aplicación selectiva de las normas y sólo la reforma del código penal y la legalización del aborto terapeútico puede ser una solución seria del problema. Pero estamos seguros de que tanto el poder judicial como el ejecutivo tienen recursos para responder a esta situación concreta de forma a un tiempo urgente y válida. Nadie debe olvidar que un gobierno democristiano arbitró en Italia soluciones para la tragedia de Seveso durante el verano de 1976.