Santiago Carrillo denuncia el intento de convertir el juicio en un proceso a la democracia

El secretario general del Partido Comunista de España (PCE), Santiago Carrillo, anunció ayer que iniciará las acciones pertinentes para delimitar las responsabilidades en las que hubieran podido incurrir las autoridades del CESID que se encontraban al frente de este organismo en el momento en que fue redactado un informe, leído ayer en la vista del juicio contra los procesados por el 23-F, en el que se afirma que el dirigente comunista Ignacio Gallego dijo en Valencia que, en caso de golpe de Estado, los cuarteles debían ser asaltados, con las armas que hubiera al alcance. Anunció asimismo que ha solicitado una entrevista urgente con el presidente del Gobierno y con el ministro de Defensa con el fin de instar al gabinete para que inicie la correspondiente investigación en relación con el CESID.

Como "un intento de manipulación de la opinión pública y de desprestigio a partidos políticos democráticos y otras instituciones constitucionales, incluida la Corona, para tratar de convertir el juicio del 23-F en un proceso a la democracia", enjuició ayer la dirección del PCE el contenido del referido documento, cuya remisión al Congreso ha solicitado con urgencia.En una conferencia de Prensa celebrada ayer tarde en el Congreso de los Diputados por dirigentes del PCE, su secretario general, Santiago Carrillo, leyó un comunicado en el que el partido manifiesta su rechazo más profundo por el contenido del informe del CESID, "en el que se imputa al partido algo radical y absolutamente falso". En el citado escrito se afirma que "las falsedades contenidas en el informe, tanto por el momento en que fue elaborado el informe, como por las personas que presumiblemente lo redactaron, solamente pueden entenderse como un intento de justificar el propio golpe de Estado".

Carrillo recordó que intentos de intoxicación de este tipo se repiten en la historia de los golpes en todo el mundo, como justificación de la preparación del mismo. "El fracaso del 23-F", dijo, "es la mejor prueba de que no había otro intento golpista por nuestra parte. No podía haberlo. El PCE se comprometió radicalmente en el proceso político con costos altos para mantener la Monarquía parlamentaria y las instituciones democráticas; costos a los que no nos hubiéramos arriesgado si tuviéramos cualquier sombra de deseo golpista".

Indicó luego el secretario general del PCE que la actitud de protesta de su partido ante la lectura del informe del CESID en la vista del 23-F no puede considerarse como una injerencia en la misma, ni significa, en modo alguno, caer en el juego de las provocaciones golpistas. "Este no es un incidente procesal, dado que no se produce por manifestaciones hechas en la sala. Respetamos la independencia del poder judicial y tenemos confianza de que el tribunal del proceso del 23-F va a cumplir con su deber. No es el curso del proceso lo que nos preocupa, ya que no es el tribunal el responsable de un informe lleno de falsedades. Nos preocupa que ese escrito haya sido redactado por un organismo que depende del Gobierno.

"No estamos dispuestos", afirmó luego Carrillo, "a ser el chivo expiatorio para la extrema derecha en el ambiente del juicio a los procesados por el intento de golpe, ni aceptaremos pasivamente que dicho juicio se convierta en un proceso a la democracia".