Juicio civil en El Salvador contra los presuntos asesinos de tres religiosas norteamericanas

El Gobierno salvadoreño ha puesto a disposición judicial a seis guardias nacionales y dos civiles, acusados de haber asesinado el día 2 de diciembre de 1980 a tres religiosas norteamericanas y a una trabajadora social de esta misma nacionalidad. El proceso entra así en su fase final, después de insistentes rumores sobre la probable liberación de los ocho detenidos por falta de pruebas, según informa Jesús Ceberio desde México.

El asesinato de las religiosas causó en su día tal conmoción en la opinión pública estadounidense que el presidente Jimmy Carter decidió suspender la ayuda militar a la Junta salvadoreña en tanto no se aclarase el crimen.Las garantías dadas por el Gobierno salvadoreño, que reclamó la colaboración del FBI (policía federal norteamericana) para llevar a cabo la investigación, debieron parecer suficientes a la Administración norteamericana, que un mes más tarde restablecía los envíos militares, ya en plena ofensiva de la guerrilla.

El vehículo en el que viajaban las víctimas fue interceptado por fuerzas uniformadas en la carretera del aeropuerto. Las cuatro fueron asesinadas después de sufrir torturas y violaciones. El juez del distrito ordenó su inhumación como personas desconocidas. Denuncias anónimas hicieron que un grupo de periodistas rastrease la zona y descubriese los cadáveres enterrados casi a flor de tierra.

Un juez civil de Zacatecoluca será el encargado de dictaminar el caso. De esta forma, el Gobierno pretende evitar sospechas de posible connivencia, que se produci rían en el caso de haber pasado el juicio a un tribunal militar.

El juicio por este crimen, en víspera de las elecciones salvadoreñas, es un intento de la Junta por mostrar a la opinión norteamericana que, efectivamente, se ha avanzado en la defensa de los derechos humanos, tal como ha tenido que asegurar el presidente Reagan para enviar nuevos pertrechos militares.

Pero esto no impide que la guerra siga incrementándose en todo el país, con una crueldad cada día más espeluznante y que lleva al Ejército a diezmar a la población civil campesina en el convencimiento de que así resta apoyos y combatientes a la guerrilla.

Los ipombates más fuertes de las últimas horas se han registrado en San Miguel, una de las ciudades más importantes del país, donde los rebeldes trataron de apoderarse de un sector urbano.

En Chalatenango, uno de los departamentos donde la guerrilla cuenta con más fuerza, el Ejército ha tenido que desalojar varios destacamentos. Finalmente, la central de telecomunicaciones de la capital fue atacada con lanzagranadas, sin que se interrumpiera el servicio.

Temores en Washington

En Washington, según informa Ramón Vilaró, el grupo liberal del Partido Demócrata, junto con otros liberales del Partido Republicano, teme que la paulatina escalada en El Salvador conduzca a un nuevo Vietnam.

Cuatro congresistas demócratas introdujeron una petición de "solución negociada y sin condiciones" entre todas las partes implicadas en el conflicto armado salvadoreño.

Se trata de los senadores Paul Tsongas y Christopher Dodd, junto con Stephen Solarz y Michael Barnes, miembros de la Cámara de Representantes.

"No habrá un nuevo Vietnam, porque muchos de los miembros de estas Cámaras padecieron directamente las consecuencias de la guerra vietnamita", dijo Paul Tsongas, que apremió a la Administración para que acepte una salida negociada.

Sin embargo, el Departamento de Estado reaccionó desfavorablemente á esta demanda y recordó, a través de un portavoz, que ya hay un calendario electoral para El Salvador el próximo 28 de marzo.