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El juicio a los implicados en el golpe de Estado del 23-F

La mayoría de los testigos que declararán ante el Consejo serán jefes del Ejercito

La relación de testigos que tienen en la actualidad categoría de jefes, oficiales y suboficiales dentro del Ejército y de la Guardia Civil es amplia. Muchos de estos, con excepción de los destinos de la Guardia Civil, ocupaban cargos de responsabilidad en la División Acorazada y en departamentos de Estado Mayor.De los seis coroneles que figuran en la relación, tres son de la Guardia Civil: Constantino Gómez Gonzále, Carlos Villanueva Retuerta y José Vazquez García. Constantino Gómez era el coronel-jefe de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, unidad en la que reclutó Tejero a algunos de sus hombres.

Los restantes son: Manuel Cervantes Rosell, jefe de la Agrupación Logística número 1 de la División Acorazada Brunete y uno de los mandos convocados a la reunión en la que explicó el comandante Pardo los preparativos del golpe; Manuel Astilleros Miranda, segundo jefe del Estado Mayor de la I Región Militar (Madrid), que en la madrugada del 24 de febrero entró al Congreso para intentar disuadir al comandante Ricardo Pardo, y Eloy Rovira Montero, jefe del Regimiento de Instrucción y Prácticas de la Academia de Ingenieros.

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Tenientes coroneles

Tres tenientes coroneles de la Guardia Civil figuran entre los diecisiete que deberán comparecer como testigos en el consejo de guerra. Son Luis Bagu-ena Salvador, Pedro Catalán Jiménez y José Corral Rodríguez, todos declarantes ya en el sumario. El teniente coronel Catalán ostentaba durante el 23-F el mando de los Servicios Especiales de la Guardia Civil y fue quien identificó al único teniente de este Instituto, Candido Blanco Hernández, que obedeció las órdenes del director cfe la Guardia Civil para retirarse del Congreso.

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Algunos de estos tenientes coroneles eran ayudantes de generales, caso de Luis de Arana Lorite, que fue quien escuchó decir a Armada que su propuesta era constitucional; Manuel Sierra Ginel, el militar que le facilitó a Armada un ejemplar de la Constitución para analizar sobre este texto lo que pretendía que fuera la salida de la situación, y Julián Sierra Moreno, ayudante delo teniente general Gabeiras.

Además se encuentran en la relación Fernando Pardo de Santayana,jefe del Grupo de Artillería Antiaérea de la Brunete, a quien Tejero alude en su declaración; Eduardo Fuentes Gómez de Salazar, destinado en la División de Inteligencia del Estado Mayor del Ejército, amigo personal del comandante Pardo, y persona que se encarga de trasladar, previa autorización de sus superiores, las condiciones de rendíción de éste; Emilio Bonelli Otero, destinado en el Estado Mayor de la I Región Militar (Madrid); Fernando Sanz Esteban, destinado en el Regimiento de Caballería Villavicíosa 14, una de las unidades que según la conversación telefónica entre García Carrés y Tejero iba a apoyar la ocupación del Congreso, Luis Gisbert Crespo, miembro del Estado Mayor de la División Acorazada, y Arturo Gareía-Vaquero, de la División de Inteligencia del Estado Mayor del Ejército.

Comandantes

Los comandantes citados a declarar son José Luis Gorostegui Méndez-Vigo, ayundante del ex vicepresidente primero del Gobierno, teniqnte general Gutiérrez Mellado; Manuel Villa Pascual, destinado en la oficina de Prensa de la Guardia Civil;

Guillermo Ostos y José Moreno Wirtz, ayudantes del director general de la Guardia civil; Nliguel Bonell Esperanza, ayudante personal del general Armada, Juan Pons Ferrer, y José Martínez Munuera, éste último de la Guardia Civil.

De los seis capitanes, cuatro son de la Guardia Civil, José Piris González, José García Diana, Amador Camacho del Aguila y Francisco Quintero Sánjuán, uno del Ejercito de Tierra, Joaquín Tamarit Nava,y el último de Intendencia de la Armada, Jesús Núñez Simón. El capitán Tamarit Nava es el oficial que se pone, al teléfono cuando el coronel San Martín llama a la Acorazada para intentar conocer si ya se encuentra en el cuartel generil Torres Rojas. Por su parte, Núñez Simón, es quien acompaña al capitán de Navío, Camilo Menéndez Vives, al interior del Congreso, lo que le valió un arresto.

Tambien ha sido citado como testigo el teniente de la Guardia Civil Candido Blanco, el único oficial que obedeció la orden de retirada dada por Arambaru

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