La Iglesia latinoameriana se pronuncia por reformas 'pacíficas'

Varios destacados representantes de la Iglesia latinoamericana recordaron el lunes en Río de Janeiro que su continente no respondía aún a los deseos de justicia social recogidos en la encíclica Laborem exercens, del Papa Juan Pablo II.En un documento publicado al término de su reunión, los prelados denuncian las desigualdades sociales, la falta de libertad sindical y la vida miserable de los trabajadores del campo, pero se pronuncian por las "reformas ordenadas y pacíficas" antes que por el camino de "la ley de la violencia".

El árzobispo de Medellín (Colombia), Alfonso López Trujillo, presidente de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, reunió en Río a varios prelados, entre los que destacan el cardenal Bernardin Gantin, presidente de la Comisión Justicia y Paz; Dom Luis Bambaren, obispo de Chimbote (Perú), y los arzobispos de Río y San Salvador de Bahía, Eugenio de Araujo Sales y Avelar Brandão Vilela, respectivamente, para reflexionar sobre las aplicaciones específicas del texto pontificio en América Latina.

Los prelados recuerdan casos concretos de prohibición de libertades sindicales, así como diferencias salariales chocantes entre algunos sueldos mínimos y los ingresos de algunos privilegiados.

Un párrafo está dedicado a los trabajadores del campo que viven en "condiciones miserables". "Cambios radicales y urgentes son necesarios para que sea respetada la dignidad de los campesinos".

"La propiedad de la tierra", lamenta el documento, "está concentrada en las manos de pocas personas, particulares o grupos financieros, que impiden a la gran mayoría de los campesinos acceder a la propiedad".

A propósito de la mujer, los clérigos señalan su "marginación en la vida cultural, política y económica" y su utilización como un "ser útil para el placer y la publicidad". Esta es la razón por la cual varias conferencias episcopales, recuerda el documento, han exigido una reforma agraria. El documento se pronuncia finalmente por la puesta en práctica de una política que favorezca "la producción agrícola" y "mejore la vida del campesino".