"No abrir al público la deuda a corto sería una claudicación más del Gobierno ante la banca", según el PSOE
Como "una claudicación más de las autoridades económicas ante la banca" ha sido calificada por el PSOE la posibilidad, anunciada en los últimos días por la Prensa, de que el Gobierno renuncie a abrir al público el mercado de la deuda pública a corto plazo. Los socialistas, que toman una postura clara ante la política que está siguiendo la Administración en el tema de la deuda pública, acusan al Gobierno de plegarse a las presiones de la banca discriminando a los pequeños ahorradores y favoreciendo situaciones de privilegio.
No obstante, en las últimas horas, la Administración parece inclinada -tras la publicación de las últimas noticias sobre el aseguramiento bancario de la deuda a corto- a colocar una mínima parte, de los 120.000 millones previstos en los Presupuestos del Estado y de los 30.000 millones que deben ser renegociados durante el presente año, entre el público. Se trataría de un gesto más simbólico que real de cara a la opinión pública. La banca, que en este tema defiende más el "fuero" que el "huevo" ("sería un gravísimo precente", afirman fuentes del sector), se ha mostrado intransigente y el acuerdo que era inminente -tras el revuelo levantado por su anuncio en Prensa- continúa en el aire.Para el PSOE la renuncia a colocar las emisiones de deuda a corto directamente entre los ahorradores, tras haberlo anunciado a través del mismo Gobernador del Banco de España como un paso fundamental de la política liberalizadora del sistema financiero, sería una claudicación ante la banca. "Que las medidas más importantes de la liberalización financiera sean sistemáticamente pactadas con los grandes bancos, cuando, por definición, dicha liberalización equivale en nuestro país a incrementar la competencia frente a esas instituciones privadas, demuestra que esa política no pretende seriamente eliminar las trabas al funcionamiento de un auténtico mercado financiero y ha estado mal orientada desde que se inició hace cuatro años".
"Es injustificable y discriminatorio", afirman los socialistas, "que los ahorradores individuales modestos no tengan acceso a una colocación de sus fondos alternativa de los depósitos bancarios a menos de un año, mientras que el Tesoro debe pagar a las instituciones financieras que se reservan su suscripción, una retribución superior a la que resultaría si se colocase entre el público".
Un argumento falaz
En las últimas reuniones entre la banca privada, que aduce que la apertura al público de la deuda a corto supondría una competencia desleal y elevaría los tipos de interés, y la Administración, se estimó que los intereses de la citada deuda se moverían en una banda del 12% al 13% en el caso de que las emisiones dejaran de estar restringidas al mercado institucional. La banca privada se mostró dispuesta a asegurar con estos tipos las emisiones de deuda a corto.Los socialistas califican de "falaz" la presunta elevación de los tipos de interés. "La disminución del precio del dinero en nuestro país sólo puede obtenerse a través de la desintermediación bancaria del sistema financiero, teniendo en cuenta que los costes de transformación de la banca española están entre los más altos de la OCDE. Esta desintermediación es defendida por todos los expertos financieros, pero viene siendo paralizada por la presión política de la gran banca".
Refiriéndose a los importantes beneficios arrancados por la banca a la Administración en los últimos años, los socialistas afirman que "es inaceptable que, además del monopolio de suscripción de esta deuda para las instituciones de crédito, la banca obtenga contrapartidas precisamente por su suscripción. A lo largo de los últimos años, los bancos han recibido del Estado constantes ayudas directas para superar la crisis -Fondo de Garantía de Depósitos, Corporación Bancaria, créditos especiales- a los cuales se han sumado últimamente apoyos fiscales (devolución del impuesto de tráfico de empresas de operaciones fallidas). Este tratamiento privilegiado contrasta con el dispensado a otros sectores de la economía".
El PSOE afirma que la liberalización del sistema financiero "no debiera ser compatible con un tratamiento de privilegio para las entidades de crédito. Estas deben ser forzadas a ser más responsables y más eficaces a través de la competencia con otras instituciones y del control de las mismas. Dicha competencia, a la vista de la reciente experiencia, sólo puede proceder de entidades con participación del sector público o de carácter social, que representan los intereses generales del país".
