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UCD vuelve a cuestionar la gestión económica del equipo de gobierno municipal

La gestión económica del equipo de Gobierno que dirige los destinos municipales de Madrid fue ayer nuevamente puesta en tela de juicio por la oposición centrista en el último pleno que la Corporación celebra en el presente año. En una larga sesión repleta de asuntos, la Corporación madrileña aprobó el definitivo reglamento de mercados municipales que permitirá la apertura de Mercamadrid, se dio luz verde a la subida, cerca de un 20%, de las tarifas del taxi a partir de enero próximo, se concedió la medalla de honor del Ayuntamiento a las Cortes Generales, se presentó el avance del nuevo plan general de urbanismo y, finalmente, se hizo pública protesta por la falta del aval estatal que permita a la Corporación endeudarse para hacer frente a sus inversiones.

Las casi tres horas de sesión plenaria se abrieron con el voto unánime de los tres grupos políticos presentes en el Ayuntamiento a favor de la concesión a las Cortes Generales, por su abnegación y sacrificio, de la medalla de oro de la Casa de la Villa.Inmediatamente, salvado el trámite dialéctico del protocolo, los integrantes del equipo de gobierno, a través del portavoz socialista, José Barrionuevo, expusieron su queja por el retraso en la concesión del aval del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para que el Ayuntamiento pueda disponer del crédito necesario para hacer frente a su programa de inversiones para el año que mañana concluye y el próximo. Esta circunstancia forzó al equipo de gobierno a retirar del pleno de ayer numerosas propuestas de proyectos incluidos en el referido plan de inversiones.

Explicitado por el alcalde el interés de los concejales de los diversos grupos en conseguir el referido aval, la oposición centrista inició un discreto escarceo crítico sobre la aprobación que se sometía al pleno de unas transferencias económicas entre las juntas de distrito para cubrir el déficit de nueve millones de pesetas con que concluye el ejercicio la de Carabanchel.

Lo que empezó de manera discreta, sin duda por la escasamente convincente intervención del presidente de la junta que presenta este déficit, que ha habido que cubrir con los sobrantes de otras instancias municipales, Miguel Lara, desató las iras centristas, y el concejal responsable de Hacienda, Joaquín Leguina, se vio forzado a reconocer que la descentralización que se ha intentado en la gestión no es posible si no va acompañada de la correspondiente descentralización en lo económico, lo que significa dotar presupuestariamente a cada junta de sus correspondientes partidas económicas de cuya gestión debe responder su órgano de gobierno en pleno.

Vía libre a Mercamadrid

En el debate, cuya conclusión resumió Leguina con el reconocimiento que antecede, se puso de manifiesto, y nadie lo negó, que algunas juntas de distrito socialistas se han visto forzadas por el equipo de gobierno a contribuir con sus propios fondos de manera voluntaria para saldar el déficit de la que preside Miguel Lara. También se dijo por los centristas, sin que nadie lo desmintiera, que las juntas controladas por los comunistas se negaron a este tipo de solidaridad. El socialista Lara, por su parte, reconoció que encargó la organización de las fiestas, que en su mayor parte son las causantes del déficit, a una cooperativa, lo que en opinión de UCID supone un nuevo intermediario en la gestión de los fondos municipales.

Superado el trance económico, en el que definitivamente la oposición termina acorralando al equipo de gobierno, éste se sacó la espina a la hora de aprobar el reglamento definitivo de mercados municipales que permitirá a la Corporación abrir Mercamadrid, una vez que se dispone de la norma legal que salva el trámite de su municipalización, boicoteado por la abstención centrista.

Tras un largo y monótono parlamento leído por el secretario de la Cámara de Comercio de Madrid y concejal centrista, Angel Verdasco, en el que reiteró los argumentos ya derrotados a favor de los derechos (de transmisión de la concesión municipal a los mayoristas para la explotación comercial de su puesto en los mercados controlados por el Ayuntamiento, el concejal responsable de Abastos, Luis Rufilanchas, lamentó la insistencia de UCI) en defender a los mayoristas, ignorando los derechos de los usuarios. La intervención de Verdasco, desatendida con fruición por el pleno, llegó incluso a denunciar que se aplicara la legislación municipal vigente a los mayoristas. Ese extremo fue puesto de manifiesto por Luis Rufilanchas, recordando que es misión del Ayuntamiento, entre otras, el hacer cumplir sus propias ordenanzas.

Una moción socialista proponiendo la adhesión del Ayuntamiento al acuerdo marco sobre vivienda y urbanismo, suscrito entre el Gobierno y el PSOE, fue apoyada por el grupo de UCD y rechazada por los comunistas, con su abstención.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 30 de diciembre de 1981

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