Lemóniz y el Gobierno vasco

LA COMUNICACION del Gobierno de Vitoria al Parlamento de la comunidad autónoma vasca sobre Lemóniz se ha ocupado de la política energética más adecuada para Euskadi y de los problemas específicos que plantea la construcción de una central nuclear en las fronteras del Gran Bilbao. El Ejecutivo vasco detalla las diversas acciones emprendidas para cerciorarse de que las instalaciones de Lemóniz se ajustan a unos requisitos homologables con los establecidos por los países industrializados más exigentes en cuestiones de seguridad nuclear. Una vez comprobadas esas garantías, el Gobierno de Vitoria presenta en los hechos la disyuntiva de un referéndum popular sobre Lemóniz o de un mayor control de la central nuclear por las instituciones autonómicas.El Gobierno monocolor del PNV ha encontrado, sin embargo, una seria oposición en el Parlamento vasco. Los socialistas, los comunistas y Euskadiko Ezkerra protestan por lo que consideran -no sin razón- una política de hechos consumados, desconfían de la seguridad de la central nuclear y critican su localización. En lo que respecta a la seguridad de la central nuclear, los ciudadanos tienen pleno derecho a recibir respuestas concluyentes para todas sus preguntas y a que las autoridades aclaren sus temores y preocupaciones. El tono exasperado y pasional de algunas campañas antinucleares -en Vitoria puede leerse en una pintada callejera el lema Ecología o muerte- hace todavía más inexcusable una explicación racional y serena de los poderes públicos sobre los riesgos comparados de la energía atómica y de otras tecnologías, peligrosas pero imprescidibles en una sociedad industrial. Los defensores de las centrales nucleares no deben, en cualquier caso, ceder a la tentación de transformar la necesidad en virtud o de acusar a sus críticos de intenciones aviesas. En cuanto al emplazamiento en Lemóniz, y pese a las numerosas irregularidades administrativas que acompañaron a las fases iniciales. de su construcción, no parece que el hecho sea remediable, dadas las enormes inversiones ya realizadas. De añadidura, los opositores a esta central no ofrecen ninguna localización alternativa dentro del País Vasco ni sugieren el desenganche de una red eléctrica nacional parcialmente alimentada por las centrales nucleares en funcionamiento en el resto de España.

La dimensión estatal de la política energética quedó definida con la aprobación por las Cortes Generales, en el verano de 1979, del Plan Energético Nacional, guiado por el principio de disminuir la dependencia exterior y de lograr una estructura más equilibrada en la oferta energética. La petición del Gobierno de Vitoria de un referéndum consultivo sobre Lemóniz, "cuya celebración corresponde autorizar al Gobierno del Estado", plantea un complicado problema político y constitucional. Aun cuando el presidente del poder ejecutivo considerara -cosa altamente improbable- la conveniencia de atribuir a la localización de la central vizcaína el carácter de "decisión política de especial trascendencia" merecedora de un referéndum consultivo, surgiría de inmediato la dificultad de señalar cuáles deberían ser los votantes que respondieran a la pregunta. Si la decisión fuera atribuida al cuerpo electoral español en su conjunto, los vascos podrían protestar de que su voz quedara ahogada por la abrumadora mayoría de los ciudadanos de otros territorios. Pero si únicamente fueran llamados a consulta los habitantes del País Vasco, las demás comunidades autónomas reclamarían el derecho a opinar sobre las plantas nucleares ya instaladas, en construcción o proyectadas en sus propios territorios.

El Gobierno de Vitoria, en cualquier caso, apunta como alternativa al referéndum un mayor control de Lemóniz por las instituciones autonómicas. Ahora bien, la comunicación al Parlamento vasco detalla las garantías para la seguridad de la central nuclear que se están adoptando. De otro lado, la obligación de cualquier autoridad es vigilar para que nadie infrinja los controles y las normas de carácter general, máxime en una materia tan delicada como la producción de electricidad en una central nuclear. ¿Se trata entonces de reivindicar la propiedad de Lemóniz para las instituciones de autogobierno, o de pedir una participación en sus órganos directivos? En tal caso, sería necesario nacionalizar Lemóniz, total o parcialmente, y cargar las partidas correspondientes a esa compra a los presupuestos de la comunidad autónoma de Euskadi. En Alemania existen ejemplos de propiedad mixta con participación de los Estados federados y del Estado federal. Si ésta es la orientación sugerida por el Gobierno de Vitoria, merece ser discutida y sometida a debate en las Cortes Generales. Pero la ambigüedad en torno a Lemóniz sería un juego peligroso, entre otras cosas porque las emociones populares suscitadas por la localización de esta central nuclear y por las irregularidades administrativas que rodearon su construcción han sido ya manipuladas por los terroristas para justificar atroces crímenes.