Crítica de la Confederación de Centros de Enseñanza a los controles políticos
Angel Martínez Fuertes, presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza, dijo ayer en una conferencia de Prensa que «la enseñanza privada quiere que el Estado controle el funcionamiento de sus centros», pero que la CECE rechaza los «controles políticos», que es lo que, en su opinión, pretende la oposición de izquierdas, y criticó que se hayan transferido a las comunidades autónomas los servicios de la inspección técnica de enseñanza.
El presidente de la principal organización empresarial de la enseñanza privada hizo estas manifestaciones durante el acto de presentación del primer número de una colección de publicaciones sobre política educativa, que recoge la posición de la CECE ante la reforma de las enseñanzas medias.Martínez Fuertes se quejó de la imagen falsa que viene arrastrando la enseñanza privada, como consecuencia de su presunta resistencia al control social de sus centros, y aseguró que nadie como la organización que él preside está más interesado en que ese control se efectúe. En este sentido planteó la necesidad de que el Estado potencie al máximo la inspección técnica en los diferentes niveles de la enseñanza, y criticó abiertamente que estos servicios se hayan transferido a las comunidades autónomas. En su opinión, de la lectura de la Constitución se desprende que la única función educativa que el Estado se reserva es precisamente la del control de la enseñanza, y que este control no puede realizarse efectivamente si la inspección se transfiere a las comunidades autónomas.
Respecto a estas últimas, el dirigente empresarial afirmó que en Cataluña se está permitiendo el incumplimiento de la normativa vigente en aspectos tales como horarios y exigencia de titulación, y que en el País Vasco se está llevando una «política poco clara con las ikastolas».
En cuanto a la reforma de las enseñanzas medias, tema monográfico de la publicación presentada ayer a los medios informativos, los dirigentes de la CECE la consideran necesaria y urgente, aunque piensan que debe acometerse gradualmente.
Las principales objecciones de la CECE al proyecto esbozado por la Administración en el documento sobre la reforma, sometido a consulta pública, se refieren a la utilización futura de los centros y a la forma en que se contempla la formación profesional, que «sigue recibiendo un tratamiento de segundo orden dentro del sistema educativo». Según Sánchez Ramos, los centros de enseñanza privada están en mejores condiciones que los del Estado para asumir las peculiaridades del primer ciclo de la enseñanza secundaria.
