Rechazadas las propuestas de la izquierda para garantizar el cumplimiento del Acuerdo Nacional de Empleo

El Pleno del Congreso de los Diputados rechazó ayer sendas enmiendas de socialistas y comunistas, que pretendían incluir en los Presupuestos Generales del Estado para 1982 una dotación de 125.000 o 200.000 millones de pesetas, respectivamente, para garantizar la creación de los 350.000 puestos de trabajo previstosen el Acuerdo Nacional de Empleo (ANE). El ministro de Hacienda, Jaime García Añoveros, rechazó la propuesta del socialista vasco Carlos Solchaga y aseguró que el Gobierno, en la línea de cumplimiento del ANE que viene sosteniendo, le dotará de los medios suplementarios, si así fuese preciso durante el año próximo.

La expectación que se creó el martes pasado en los pasillos del Congreso, paralelamente a los debates presupuestarios, sobre la posible aceptación de una enmienda transaccional, que rebajaba a 125.000 millones de pesetas los iniciales 200.000 propuestos por los socialistas, resultó frustrada entre los grupos de la izquierda cuando García Añoveros impugnó la pretensión defendida por Solchaga y criticó duramente el intento de obtener los miles de millones de pesetas necesarios mediante una mayor lucha contra el fraude fiscal.La enmienda transaccional, adelantada ayer por EL PAIS en sus últimas ediciones, preveía la dotación de un crédito global de hasta 125.000 millones de pesetas, denominado Fondo Especial de Inversión Pública, a decidir por las Cortes Generales a propuesta del Gobierno, acompañada de una evaluación de la situación económica, siempre que en el primer trimestre se registre un descenso igual o superior a los 50.000 puestos.

La financiación del fondo se realizarla mediante anticipos impositivos, como el de un 50% del impuesto sobre la renta, y mediante la emisión de deuda pública. Carlos Solchaga manifestó que los Presupuestos traicionan el espíritu del acuerdo sobre empleo, y que los empresarios no creen que vayan a cumplirse las previsiones del ANE, por lo que el único camino sería aumentar la inversión pública para crear más puestos de trabajo. Añadió que la lucha contra el fraude deja suficiente margen para obtener sobrada financiación.

"El Gobierno no necesita autorización previa"

El ministro de Hacienda señaló que la propuesta socialista significaba incrementar el déficit presupuestario. Preguntó irónicamente si, con la aceptación de la enmienda, se resolverían los Presupuestos y se aseguraría su credibilidad. García Añoveros recordó que el Gobierno no necesita ninguna autorización previa para llevar al Parlamento proyectos de créditos extraordinarios en desarrollo de los Presupuestos, si tales medidas suplementarias se consideran precisas.

En cambio, si se autoriza ahora al Gobierno a realizar un gasto de 125.000 millones de pesetas, «la presión será tal que el gasto citado estará cantado, sean cuales fueren las necesidades para realizarlo», declaró el ministro.

Solchaga preguntó entonces sí tan poca autoridad tiene el Gobierno que en cuanto se crea un fondo no tiene más remedio que gastarlo. Aseguró que el aumento del déficit sólo es potencial, y reconoció que para el Gobierno no es electoral seguramente exigir el adelanto de parte del impuesto.

Ante los murmullos producidos por su afirmación, el ministro de Hacienda alzó la voz para decir: «Niego tajantemente cualquier imputación de incumplimiento del ANE por parte del Gobierno, sobre todo después del ejemplo dado ayer por algunos de atención a la palabra dada (se refería a la abstención socialista en la votación del Fondo de Compensación Interterritorial, derivado de los acuerdos Gobierno-PSOE).

Antes de proceder a la votación, los comunistas leyeron la enmienda transaccional por la que proponían la creación de un fondo de acción contra el paro, por importe de 200.000 millones de pesetas, que se financiaría mediante un recargo excepcional y transitorio en el impuesto sobre la renta de las personas físicas de aquellas rentas que sobrepasasen los, dos millones de pesetas, y mediante emisión de deuda pública. Una y otra enmienda fueron rechazadas con 125 votos favorables, 159 en contra de la comunista y 153 de la socialista, y seis abstenciones la primera y trece la segunda.

El estudio del articulado del proyecto de presupuestos se inició con la defensa, por parte de Alfonso Osorio, en nombre de Coalición Democrática, de una enmienda mediante la que solicitaba la reducción del gasto público en 180.000 millones de pesetas, deducibles de asignaciones a organismos ineficaces, gastos diversos de los ministerios y subvenciones a empresas públicas como Renfe y Trasmediterránea. La enmienda fue rechazada con sólo nueve votos favorables, 271 en contra y nueve abstenciones.