Magistrados del Supremo firman un homenaje al abogado de varios procesados por el 23-F

Viene de primera páginaEl hecho ha sido presentado por los organizadores como un homenaje de los profesionales del Derecho a «una vida entera consagrada al servicio de la justicia, con motivo de su incorporación al ejercicio de la abogacía», pese a que Adolfo de Miguel lleva ya casi dos años ejerciendo como abogado, tras jubilarse de presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Junto con los magistrados ya citados aparecen entre los firmantes vanos fiscales y magistrados de la Audiencia Nacional, que es el órgano judicial encargado de administrar o aplicar la legislación antiterrorista, la ley de Defensa de la Democracia o la ley de Protección Jurisdiccional de los Derechos de la Persona.

Entre ellos se encuentran el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Miguel Ibáñez García de Velasco, y dos magistrados de la misma: Jerónimo Barnuevo y Luis Pérez de Lemaur. Estos dos últimos pertenecen precisamente a la sección penal de la Audiencia Nacional, encargada de aplicar la ley de Seguridad Ciudadana, la legislación antiterrorista y la ley de Defensa de la Democracia. Pérez de Lemaur era el presidente de la sección de la Audiencia Provincial de Madrid, que en diciembre de 1979 denegó el procesamiento de los policías que intervinieron en la muerte de dos estudiantes en la glorieta de Embajadores.

También firman la convocatoria los magistrados Alvaro Galán y Jaime Mariscal de Gante. Ambos pertenecen a la sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, que ejerce el control de la ley de Protección Jurisdiccional de los Derechos de la Persona.

Medios jurídicos han puesto de manifiesto su extrañeza por el hecho de que jueces, magistrados y fiscales convoquen un homenaje por el motivo formal de una reincorporación a la abogacía, es decir, por abrir un despacho profesional. Puesto que resulta impensable que los magistrados y fiscales autores de la convocatoria estén señalando cuál es el despacho de abogado con el que mantienen mejor relación, dichos medios entienden que la solidaridad manifestada no es de carácter profesional.

Por su parte, el PSOE ha dirigido una pregunta parlamentaria al Gobierno, interesándose por saber si el Ejecutivo está de acuerdo en que miembros del ministerio fiscal apoyen actos políticos.

Adolfo de Miguel, ex presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo durante muchos años, defiende en la actualidad como abogado a Juan García Carrés, único civil procesado por el 23-F, así como al capitán de navío Camilo Menéndez y al comandante Pardo Zancada, militares implicados en los mismos sucesos. En su carrera como magistrado intervino en una sentencia que declaró la ilegalidad de Comisiones Obreras.