La Audiencia Nacional suspende la concentración parcelaria de dos pueblos de León

La Audiencia Nacional ha decretado la suspensión de los trabajos de concentración parcelaria en dos localidades de la provincia de León: Toral de los Guzmanes y Algadefe, cuyos vecinos aparecen enfrentados desde que hace diez años comenzaron las actuaciones del IRYDA.

Este organismo, dependiente del Ministerio de Agricultura, pretendía ejecutar este mes la redistribución de los terrenos antes de que la Audiencia se pronunciara sobre veintisiete recursos, presentados por otros tantos propietarios denunciando supuestos favoritismos hacia antiguos cargos municipales en el proceso de concentración.La resolución de la Audiencia, dictada por la sección cuarta, ordena la paralización de la entrega de las nuevas parcelas hasta que no se resuelvan los citados contenciosos y advierte que, en caso contrario, se pueden ocasionar perjuicios «de muy difícil o imposible reparación» para un sector de los vecinos. El conflicto afecta a 676 propietarios de 2.117 hectáreas de regadío, situadas a unos cincuenta kilómetros de León, cuyo valor a los precios actuales se acerca a los 1.600 millones de pesetas.

Los propietarios que se consideran perjudicados habían anunciado a finales de octubre que se opondrían por todos los medios a la entrega de sus antiguas fincas, acusando a los responsables locales del Instituto de actuar ilegalmente, al haber más de un 4% de vecinos acogidos a los citados recursos. La protesta, sin embargo, fue ignorada por el IRYDA, que poco después anunció en el Boletín Oficial de la Provincia la inminente entrega de los nuevos títulos de propiedad.

Fuentes de los primeros han manifestado a EL PAIS que la política de hechos consumados seguida por la Administración está poniendo en dificultades a otros propietarios, algunos de los cuales habían negociado ya operaciones de compra venta de las nuevas fincas o estaban invirtiendo fuertes cantidades en su acondicionamiento, confiados en las promesas del IRYDA.

El proyecto de concentración parcelaria en la zona -primero de los que se iniciaron en la provincia de León- se remonta a 1971, fecha desde la que se han multiplicado los recursos de los propietarios. Estos aparecen divididos en dos bandos, que hasta ahora no han podido llegar a ningún acuerdo entre sí, a pesar de las numerosas modificaciones que en este tiempo ha aceptado el Ministerio, uno de cuyos funcionarios fue sancionado años atrás por introducir errores «voluntarios» en las mediciones de las fincas para favorecer a uno de los vecinos. En 1978 los partidos políticos habían intentado también mediar, sin resultados, en el conflicto.