No hay garantías de que se mantenga el actual nivel de empleo
El Acuerdo Nacional sobre Empleo (ANE) y la lucha contra el paro, que condicionan buena parte de los Presupuestos Generales del Estado para 1982, no tienen garantizados sus objetivos. Esta fue la opinión compartida ayer, desde distintas posiciones, por el jefe de estudios de la CEOE, José Folgado, y el diputado socialista Enrique Barón, en un debate organizado por la Agrupación de Periodistas de Información Económica (APIE). El representate de UCD, Luis Gámir, dijo que la orientación es la adecuada. Y el subsecretario de Presupuesto, Miguel Martín, resaltó los condicionantes de los Presupuestos ajenos al Estado, cada vez mayores.
Enrique Barón (PSOE) manifestó que el ANE es de dificil cumplimiento, pues el Gobierno no ha explicado cómo se van a crear los puestos de trabajo estimados para mantener en 1982 el nivel de empleo (350.000), e incluso falta un plan de empleo público, incompatible con la congelación de plantillas aplicada por la Administración. Tras criticar que el Gobierno se limite a socializar las pérdidas de la crisis, sin buscar salidas graduales, recordó que los socialistas apoyan la vía negociadora y que sus principales críticas a los Presupuestos 1982 se centran en la estructura de los ingresos y el mantenimiento del "ritual incrementalista del gasto".Por el contrarío, el escepticismo de la CEOE ante la lucha contra el paro, según expuso José Folgado, radica en que no es un presupuesto para la crisis, sino que rivaliza con la actividad económica privada. Sin embargo, dijo que el ANE tiene aspectos positivos -"la CEOE lo firmó convencida", precisó- y "hay que cumplirlo en su letra y espíritu".
Otros críticas de Folgado fueron que los gastos corrientes se incrementen más que los de inversión (26,7% frente a 25%), que se sitúen casi 12 puntos por encima de la expansión monetaria del producto interior bruto (PIB), y que parte de los gastos de inversión puedan ir a cubrir pérdidas de empresas públicas. También expresó la sospecha de que el crédito al sector privado no aumentará tres puntos en términos reales, debido a que el déficit de las administraciones públicas crecerá más de un billón de pesetas, varios cientos de miles de millones por encima de las estimaciones iniciales.
El subsecretario de Presupuesto, Miguel Martín, contestó a las críticas diciendo que la CEOE sólo califica de buenos los gastos que pactan ellos.
Por su parte, Luis Gámir (UCD) opinó que el Presupuesto 1982 es defendible, beligerante contra el paro, la gran prioridad actual, y coherente con las políticas monetaria y fiscal.
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