Ambiente de confusión en el debate de los Presupuestos Generales del Estado

Los presupuestos de la Casa del Rey, Cortes Generales, Tribunal de Cuentas, Tribunal Constitucional, Consejo de Estado, Deuda Pública, Consejo General del Poder Judicial, Clases Pasivas, Presidencia del Gobierno y los de seis ministerios, que suponen en conjunto gastos superiores a 1,34 billones de pesetas, fueron debatidos y aprobados por la comisión correspondiente del Congreso en poco más de tres horas y media.

La sesión de la tarde de ayer en esta comisión, que superó en apresuramiento a las anteriores, transcurrió en un ambiente de confusión, que provocó numerosas situaciones irregulares.Así, buena parte de la tarde, se estuvieron contabilizando los votos del partido del Gobierno como si su grupo parlamentario, en el que el trasiego de diputados que entraban y salían era constante, estuviera al completo. En un momento dado, la situación fue tan escandalosa que el PSOE, que hasta entonces no había dicho nada, pidió, a través de Ciriaco de Vicente, un nuevo recuento de una votación que acababa de efectuarse. Pese a la ayuda de los diputados Aizpún y Osorio, del Grupo Mixto y de Coalición Democrática, UCD no consiguió computar los votos que había obtenido en la votación precedente, aunque logró sacar adelante la enmienda.

Minutos antes, todos los grupos votaron una enmienda que detraía diez millones del capítulo de cooperación científica y técnica y los asignaba a gastos de dietas, locomoción y transportes en la sección relativa al Ministerio de Justicia. La enmienda, que pertenecía a UCD, fue aprobada. Luego se comprobaría que no pertenecía al Ministerio de Justicia, sino al de Asuntos Exteriores, que había sido debatido y aprobado con anterioridad. Hubo que anular la votación y repetirla para adjudicar definitivamente la enmienda a una sección que sobre el papel ya había sido dictaminada.

La confusión alcanzó también a las repercusiones de las modificaciones introducidas la víspera en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. El mismo diputado del partido del Gobierno, que estimaba que dichas modificaciones aumentaban la presión fiscal sobre rentas iguales o superiores al millón y medio de pesetas, ayer confesaba que se había equivocado en los cálculos y minimizaba -en base a ejemplos con deducciones familiares- los efectos de la nueva tabla de este impuesto.

Discrepancias de los nacionalistas vascos

En el anexo primero del proyecto de ley, que se refiere a transferencias de crédito, los nacionalistas vascos habían presentado numerosas enmiendas. Prácticamente la totalidad de las mismas fue rechazada. Elorriaga, portavoz de los nacionalistas, insistió en que los presupuestos no podían recoger previsiones para transferencias de competencias o servicios efectuados a comunidades autónomas. Según este diputado, hay unos mecanismos previstos en la ley orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).

Asimismo expresaron su discrepancia respecto a la posibilidad de transferencias de los distintos departamentos al Fondo de Compensación Interterritorial. Tales transferencias podrían elevar sin límite los 180.000 millones destinados ya por los presupuestos al citado Fondo de Compensación Interterritorial.

Se les aceptó a los nacionalistas vascos, sin embargo, una enmienda que autoriza transferencias del Ministerio de Trabajo a las comunidades autónomas y entes preautonómicos en los créditos correspondientes a las funciones y servicios que hayan sido transferidos a las mismas o se les transfieran en el futuro. Los centristas, por su parte, introdujeron la autorización de transferencias para reorganizaciones en el Ministerio de Defensa, que se refieren a créditos para personal de las Fuerzas Armadas.

Tras rechazar una enmienda socialista a todas las secciones del presupuesto, se aprobó sin ninguna modificación el presupuesto de la Casa de su Majestad el Rey (254,7 millones de pesetas). Con la introducción de una propuesta socialista de que se especificarán los créditos en la misma medida que en las demás secciones del presupuesto, fueron aprobadas las relativas a Cortes Generales (3.895 millones) y del Tribunal Constitucional (444,5 millones). El Tribunal de Cuentas (239 millones), que provocó uno de los mayores debates por parte de la oposición, fue aprobado con una ligera modificación de UCD. Las denuncias de socialistas y comunistas sobre la reducción del presupuesto de este tribunal, que tiene que controlar los cinco millones y pico de gasto del Estado, no fueron tornadas en consideración. Consejo de Estado (212 millones), deuda pública (132.495 millones), clases pasivas (273.535 millones) y Consejo General del Poder Judicial (365 millones) fueron aprobadas también sin ninguna modificación.

Más de 3.000 millones a empresas periodísticas

Presidencia del Gobierno, con un presupuesto global de 71.399 millones, fue una de las secciones más enmendadas por la oposición. Los socialistas pretendían, en enmiendas a la Secretaría de Estado para la Información, la supresión de seis aplicaciones presupuestarias, por un importe global de 3.080 millones, destinados a empresas periodísticas.

Enrique Barón justificaba esta petición en que tales ayudas debían otorgarse mediante sistema de créditos a bajo interés o incluso a fondo perdido, en el caso de renovación tecnológica de los periódicos, pero que no se podía otorgar a Presidencia del Gobierno tal dotación de ayudas. Manifestó sus dudas con la utilización desinteresada de estos fondos por Presidencia del Gobierno. En otras enmiendas pidió un mayor control sobre el Patrimonio Nacional, «que está subvencionando diversos deportes de lujo», y criticó los incrementos de gastos de personal, dietas y alquileres que figuraban en el citado Ministerio.

Ciriaco de Vicente, por su parte, tampoco logró que prosperaran enmiendas socialistas sobre publicidad de alimentos adulterados y de ayuda a las oficinas de información a los consumidores. No obstante, en una enmienda olvidada por la comisión en el dictamen de las disposiciones adicionales, logró la unificación -en votación celebrada en medio del debate de secciones- de todos los organismos de consumo.