La CEE trata de negociar una cláusula de salvaguardia discriminatoria para la agricultura española

La vía de "cooperación política", aceptada por Pérez-Llorca como mecanismo acelerado de acceso de España a las Comunidades Europeas, podría traer graves consecuencias para la agricultura española, según se refleja en un documento de circulación interna de la secretaría del Consejo que fue presentado en la conferencia de ministros celebrada en Luxemburgo el 26 de octubre.

Este documento, comentado por Actualidad Agraria en su último número, presenta como aspecto más polémico la posible discriminación que supondría para la agricultura española una cláusula de salvaguardia, en virtud de la cual la CEE se reserva el derecho de levantar o bajar barrera ante cualquier desajuste en los mercados agrícolas producido por la adhesión de España a la Europa de los diez.

Según el texto que cita Actualidad Agraria, tanto la CEI como el país aspirante, tienen derecho a establecer una doble cláusula de salvaguardia "general y recíproca", que permita levantar o bajar barreras cuando las condiciones de mercado así lo aconsejen.

Esta cláusula, que, sin duda va a acelerar la marcha de las negociaciones, podría suponer, en el caso de llevarse hasta sus últimos extremos, una patente de corso para que Francia siga practicando el boicoteo a los camiones españoles ante cualquier amenaza de competencia en el mercado de los productos agrarios.

Por otra parte, el informe del Consejo de las Comunidades Europeas critica veladamente el escaso rigor de las estadísticas agrarias españolas y señala la necesidad de que el país candidato tome buena nota de los seguimientos que actualmente se llevan a cabo en la CEE sobre el estado puntual de un determinado cultivo y sobre los arranques y plantaciones realizados durante un cierto período de tiempo.

El documento citado abunda en comentarios sobre el desconocimiento que se tiene en Bruselas acerca de la realidad de la agricultura española. En este sentido, la red contable y las encuestas base sobre frutales y viñedo, junto a una puesta al día del censo agrario a realizar en 1982, se ofrecen como algunas de las sugerencias que España debe seguir antes de presentar sus verdaderas credenciales agrícolas sobre la mesa de negociaciones en el marco de la adhesión.

Adaptar nuestra política

El documento del Consejo de las Comunidades Europeas hace serias advertencias a la candidatura española, en el sentido de que, desde el momento de su adhesión, deberá supeditarse a las normas de funcionamiento comunitario, especialmente en lo que concierne a grasas vegetales, vino y hortalizas.

Sobre la petición formulada por la delegación española, en el sentido de que se establezca una colaboración en el actual proceso de reforma interna de la política agraria común, la respuesta de la CEE, viene a decir que España tendrá derecho a todo tipo de información sobre el proceso, pero, en ningún caso, podrá intervenir en las declaraciones.

La dureza de este documento, que contrasta notablemente con el último presentado en Madrid recientemente por el. Consejo Económico y Social de Bruselas, ha sido valorado por algunos observadores como "normal", teniendo en cuenta que se trata de un texto base para negociar.

Los tres productos más afectados serían el aceite de oliva, el vino y las frutas y hortalizas. Para el primero, la estrategia parece dirigirse a aligerar los actuales excedentes. Para ello se tratará de establecer una relación de precios entre el aceite de oliva y el de semillas oleaginosas de dos a uno (actualmente esta relación es del orden de 2,6 a uno), a fin de salvaguardar los intereses de los productores. Esto supondrá para el FEOGA, en el momento de la entrada de España, unos costos de 1.400 millones de pesetas.

Para el vino, el documento de reforma apunta a lograr producciones de mayor calidad, en base a un aumento del grado alcohométrico mínimo del 0,5%.