Coordinar el control alimentario

AL TERMINO del debate sobre el envenenamiento del aceite de colza adulterado el Congreso de los Diputados emitió un mandato al Gobierno cuya principal finalidad no era otra que la de tratar de mejorar la organización de la Administración para evitar en el futuro casos igualmente dramáticos. En el primer apartado del mandato del Congreso se dispuso la creación de un Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación responsable administrativamente de la producción, transformación y distribución de los productos alimenticios; asimismo, se acordó reforzar los instrumentos de control. e inspección para proteger con la máxima eficacia al consumidor.En definitiva, se pretendía agrupar una serie de competencias que en materia alimentaria han estado difuminadas entre varios ministerios por razones que ya no son válidas. El Ministerio de Comercio, que hoy también lo es de Economía, por tanto con un cometido de orden general, integra organismos tan específicos como la Comisaría de Abastecimientos y Transportes (CAT), propio de la época de posguerra, con dificultades de abastecimientos. Curiosamente, el Ministerio de Industria es responsable del envasado de las aceitunas rellenas, y el de Agricultura, de las aceitunas con hueso. Esto es el resultado de una época en que la agricultura tenía un carácter elemental y que cualquier transformación del producto le incluía en la competencia de Industria. Con el Estado de las autonomías, la difusión de las competencias ha cobrado una nueva dimensión, porque el control de los alimentos ha sido transferido a las comunidades autónomas.

Estas incongruencias. y dificultades no imposibilitan un tratamiento controlado, con la única condición de entender bien qué es lo que se quiere.

En primer lugar, no se trata de crear un ministerio para garantizar la defensa a ultranza de los productores, arrasando las competencias de otros organismos de la Administración encargados de la defensa de los consumidores en general. Esto sería un contrasentido democrático, porque mientras el número de consumidores aumenta, el de agricultores, ganaderos y pescadores disminuye. Un ejemplo ilustra este peligro. Si en materia de política arancelaria los derechos reguladores (aranceles móviles que igualan el precio interior de nuestros productos agrarios con los internacionales) se fijan por Agricultura y desaparecen las competencias de Economía y Comercio en el comercio exterior de los productos alimenticios, se corre el riesgo de que los intereses particulares prevalezcan sobre los generales con el resultado de una protección sesgada en favor del sector agrario. Los industriales pedirían pronto análogo tratamiento al de los agrarios.

Una segunda restricción procede de la organización del control en favor de los consumidores. Los fraudes en el engorde artificial de las reses o las prácticas de conservación de productos alimenticios, incluso la garantía de que no se repetirán las mezclas en los aceites comestibles, exigen, por un lado, clarificar los actuales procedimientos de control administrativo, analizando su grado de eficiencia y las garantías que razonablemente merezcan. Pero, por otro, localizar el control y la inspección, incluidos los aspectos sanitarios, en un Ministerio de Alimentación y Agricultura, en el que los productos tendrán, se quiera o no, una audiencia privilegiada, es, por lo menos, arriesgado. La organización del Estado exige la creación de un Ministerio de Consumo y Bienestar Social, al que le corresponderían las competencias y funciones de la Seguridad Social, inspección sanitaria, alimentaria e industrial. No haría falta ni un solo funcionario más, sino reorganizar los colectivos ahora existentes, mientras que su conexión con los entes autonómicos vendría estimulada por una misma comunidad de intereses: la protección de los ciudadanos. De pasada, habría que reconsiderar si en un sistema democrático con sindicatos y organizaciones patronales sigue teniendo sentido todo un Ministerio de Trabajo cuyo carácter es netamente intervencionista.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación debe absorber, en todo caso, una serie de competencias: las que corresponden a la actual Dirección de las Producciones Agrarias del Ministerio de Industria y las desempeñadas por la CAT, así como la incorporación de Mercasa, es decir, de la empresa encargada de contribuir desde la Administración del Estado a la municipalización de los mercados centrales. Estos dos últimos organismos se segregarían de la esfera de Economía y Comercio. De este modo, Agricultura controlaría la producción y las transformaciones de los productos agrarios y al mismo tiempo contribuiría, a través de Mercasa, a la organización y distribución de los alimentos nacionales, y, a través de la CAT, a la ejecución de las compras de mercancías de importación objeto de comercio de Estado (la carne, el azúcar, las grasas, los cereales, principalmente). Estas mayores competencias deja rían, sin. embargo, intacta la responsabilidad del Ministerio de Economía y Comercio en el desarrollo de la política comercial. Economía y Comercio estaría, así, más enfrentado a su cometido: la estrategia de la política económica, incluido el gasto público, que es pieza clave, y el fomento de las exportaciones, cuya concepción y organización siguen siendo muy rudimentarias. El nuevo Ministerio de Agricultura, reforzado, tendría el compromiso de modernizar el sector agrario con el mínimo de interferencias y subvenciones, de modo que sea el empresario agrícola y no los diversos organismos adminis trativos y el BOE los protagonistas de ese desarrollo. Un nuevo Ministerio de Bienestar Social es, quizá, elemento indispensable para construir los puentes con el gran colectivo de unos ciudadanos desconfiados del papel de la Administración.