La asamblea nacional del PNV se manifiesta unánimemente a favor de la puesta en marcha de Lemóniz

La asamblea nacional del Partido Nacionalista Vasco (PNV), integrada por las asambleas regionales de Vizcaya, Guipúzcoa, Alava y Navarra, acordó ayer por unanimidad en Castillo de Elejabeitia (Vizcaya) manifestarse a favor de la puesta en marcha de la central nuclear de Lemóniz. Como condiciones previas se fija, no obstante, la verificación de la calidad y seguridad de las obras, la elaboración de un plan de emergencia aceptado y controlado por el Gobierno vasco y la celebración de una consulta popular y/o el establecimiento de un control público por parte de la Administración vasca.

La decisión adoptada por la asamblea nacional del PNV (que viene a ser lo que el comité central de otros partidos), tras escuchar las opiniones de las asambleas regionales de los parlamentarios vascos del partido y miembros del Gobierno vasco, viene a culminar un proceso de discusión interna, a nivel primero de juntas municipales y luego de regionales de dos ponencias, las conocidas como «A» y «B», favorable y contraria, respectivamente, al funcionamiento de la central de Lemóniz, elaboradas por una comisión técnica del partido.Se trata de la primera ocasión en que de forma pública y oficial el PNV muestra su decidido apoyo a la puesta en marcha de la central y la valora como fuente de energía indispensable para Euskadi.

En el comunicado hecho público al término de la asamblea se afirma en este sentido que, aquélla «Cónstata la escasez de recursos energéticos en Euskadi y su gran trascendencia para el futuro del país vasco en los próximos veinticinco años». En este caso se trata de un argumento sutilmente utilizado y transmitido desde hace meses a través de medios propios o cercanos de información por la dirección del partid o y el propio Gobierno vasco (hay declaraciones de Xabier Arzallus y Garaikoetxea en actos públicos que lo constatan) para concienciar a sus bases sobre la necesaria puesta en marcha de la central de Lemóniz.

«La asamblea», se afirma en el comunicado, «es conocedora de que la energía nuclear está universalmente aceptada en la comunidad internacional, tanto en Oriente como en Occidente». Y luego se añade: «En el caso concreto de la central nuclear de Lemóniz, la asamblea conoce que el Parlamento vasco ha designado en su seno una comisión de encuesta para analizarla en los campos jurídico-legal, técnico, de seguridad y socioeconómico, y asimismo tiene información de los trabajos realizados por el Gobierno vasco al respecto.

En base a todo ello, la asamblea se manifiesta a favor de la puesta en marcha de la central nuclear de Lemóniz, pero fija muy concretamente una serie de condiciones: «Verificación de la calidad física de la obra civil e instalaciones de la central y de las pruebas prenucleares, con corrección de los defectos que hubiere. Elaboración de un plan de emergencia que merezca la aceptación del Gobierno vasco y bajo su control. Celebración de una consulta popular por parte del Gobierno vasco y/o establecimiento de un control público que garantice el cumplimiento de las condíciones de todo tipo que, a juicio del Gobierno vasco, deban darse para el funcionamiento de la central».

«La asamblea insta al Gobierno vasco», añade, «para que, una vez conocido el dictamen úe la comisión de encuesta y en virtud del mismo, adopte las medidas necesarias para el cumplimiento, lo antes posible, de las condiciones establecidas, así de que la decisión responda a las necesidades y deseos del pueblo vasco y garantice que los logros de los avances tecnológicos redunden de forma auténtica en favor de la comunidad».

Resulta muy significativa la utilización indistinta de las conjunciones copulativa y disyuntiva, (y/o), para posponer la elección definitiva entre referéndum popular o control público, de las autoridades vascas sobre la central. No es en este sentido ningún secreto que en la primera entrevista celebrada entre Calvo Sotelo y Carlos Garaikoetxea el presidente del Gobierno español manifestó al lendakari el firme criterio de su Gabinete de no aceptar «baj o ningún concepto » la celebración de un referéndum popular en torno a la central de Lemóniz.

Desde entonces, representantes de la Administración vasca iniciaron con el Gobierno central negociaciones encaminadas a hallar una fórmula que concrete la vía para un posible control público de la Administración vasca sobre Lemóniz, condición indispensable para que el Gobierno vasco llegue a desechar la celebración de una consulta popular.

EL PAIS ha podido saber que los negociadores vascos habrían propuestos a los de la Administración central hasta nueve fórmulas posibles, de entre las que se observa como la más factible la transferencia de la gestión de la explotación de la central, lo cual no supone, de ningún modo, la propiedad al Gobierno vasco.