12 abogados del 23-F recurren al Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Doce abogados de los procesados por el 23-F han dirigido un escrito al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el que protestan por la tramitación del proceso, según informaron a Efe fuentes próximas a dichos letrados.El citado tribunal se ha dirigido al Consejo Supremo de Justicia Militar, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, para que conteste a una serie de extremos que los letrados expusieron ante aquél, siempre según las mencionadas fuentes.

Los temas planteados se relacionan con la forma en que está siendo tramitado el proceso.

En un segundo escrito, los doce abogados se refieren al nombramiento de un órgano especial, integrado por dos jueces especiales, Y dicen que ello contradice el artículo 24 de la Constitución, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Europea de los Derechos del Hombre.

Justicia militar

Los doce abogados que han recurrido al Tribunal Europeo, junto con tres más que no lo han hecho, se han dirigido también al Consejo Supremo de Justicia Militar para pedir nuevamente la nulidad del proceso, entre otros motivos por considerar que constituye causa de nulidad el hecho de que seis de los autos dictados por dicho Consejo lo han sido formando parte del mismo el consejero Manuel María Mejías, general de división que ha prestado declaración como testigo en este mismo sumarlo -en el folio 417-, cuando era gobernador militar de Valladolid.

Dicen los abogados que ello constituye incompatibilidad, prevista en los artículos 158 y 159-4 del Código de Justicia Militar.

Dicho grupo de letrados también ha dirigido un escrito al Consejo General de la Abogacía, para que «se pronuncie sobre el carácter anticonstitucional de jueces especiales, así como sobre la existencia de un tribunal independiente».

Por otra parte, nueve abogados defensores se han personado en el recurso de amparo constitucional presentado en su día por el abogado Antonio Pedreira, con la pretensión de que se declare la nulidad de las actuaciones.