El Consejo Regional no ha atraído el interés popular

Con la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía para Asturias, posiblemente en enero, después de haber sido aprobado ayer por el Pleno del Congreso, y a falta de su ratificación por el Senado para volver a la Cámara baja, esta comunidad autónoma, uniprovincial, la primera en tomar la vía lenta del artículo 143 de la Constitución, verá refundirse en los nuevos organismos institucionales autonómicos (Presidencia, Gobierno, Junta General del Principado y Tribunal Superior de Justicia) a la Diputación al Consejo Regional, entes que desaparecen como tales.Culmina así un proceso iniciado el 11 de octubre de 1977, cuando la Asamblea de Parlamentarios asturianos acordó solicitar del Gobierno un régimen preautonómico para esta región, que fue concedido el 25 de agosto de 1978. El Consejo Regional constituido entonces ha desempeñado hasta ahora un papel confuso, y su arraigo popular es escaso. El nulo protagonismo concedido a los asturianos en este largo proceso, que no exige un sólo referéndum, ha contribuido a un alejamiento progresivo de las desmesuradas e injustificadas expectativas despertadas.

Una reciente encuesta periodística, realizada al azar con la ayuda de la guía telefónica, revelaba que la mayoría de los interrogados se encontraba despreocupada por la autonomía, desconocía su alcance, en todos los casos, y esperaba, de todas formas, que contribuyera a mejorar las cosas. Esta actitud podría ser interpretada como resultado del comportamiento electoral asturiano, muy estabilizado, que llevaría a los ciudadanos a delegar en los partidos -básicamente PSOE y UCD- su oposición autonomista.

Desde muy pronto, las fuerzas políticas asturianas optaron por la vía autonómica del 143 y por la uniprovincialidad. El primer paso ha recibido numerosos elogios, en clara actitud de respaldo a una actitud que ha sido calificada mayoritariamente de sensata.

En cuanto a la uniprovincialidad, últimamente el presidente del Consejo, Rafael Fernández, del PSOE, se mostró partidario de una autonomía astur-leonesa, que contó siempre con el apoyo de Rodolfo Martín Villa, quien recientemente manifestó a EL PAÍS: «Ha sido una pena, porque los leoneses nos sentimos más próximos a los asturianos que a los castellanos». La oposición a este proyecto surgió de la izquierda temerosa de que su reiterado triunfo electoral en Asturias se viera neutralizado por los resultados de León.

Hasta las primeras elecciones regionales, que se celebrarán entre el 1 de marzo y el 30 de abril de 1983, la Junta General del Principado o Parlamento regional, que hasta entonces carecerá de capacidad legislativa, estará integrada por los catorce parlamentarios a quien ellos designen, los treinta diputados provinciales y otras catorce personas nombradas por los partidos. En esta asamblea el PSOE será el partido mayoritario, seguido de UCD. En consecuencia el presidente del primer Gobierno autonómico será socialista.

La nota diferencial más importante del Estatuto asturiano respecto de los que le precedieron, todos ellos por una via excepcional, será su falta de competencias en Seguridad Social, Sanidad, Trabajo, Educación, Prensa y Medios de Comunicación.