Las empresas del Instituto Nacional de Industria no pedirán créditos extraordinarios en el año 1982

Las empresas del Instituto Nacional de Industria se comprometen a no pedir créditos extraordinarios al Parlamento durante el ejercicio 1982, de aprobarse definitivamente el plan de saneamiento financiero del instituto, al que el último Consejo de Ministros celebrado dio el visto bueno, aunque no se haya producido ninguna publicidad del tema. Como dicho plan va enmarcado en los Presupuestos Generales del Estado para 1982, su entrada definitiva en vigor depende del Parlamento.

El plan de saneamiento, de ponerse en práctica, supone un vuelco en la situación Financiera del INI y da idea de las buenas relaciones existentes entre su presidente, Carlos Bustelo. y los ministros económicos del actual Gabinete. La prueba de ello es que ya su predecesor en el cargo, José Miguel de la Rica, presentó al Ministerio de Industria un estudio con unas ideas parecidas a las de ahora. sin que tan siquiera fuese escuchado. El verdadero cerebro del plan, tanto con De la Rica como con Bustelo. es Fernando Rubio, director general de financiación del INI. La aceptación de esta fórmula de saneamiento Financiero del Instituto ha supuesto, en el seno del alto staff del palacio de la plaza del Marqués de Salamanca, la superación de una sensación de interinidad motivada por los continuos rumores de crisis ministerial, que podría arrastrar al presidente del INI, Carlos Bustelo, a otro puesto.

42.000 millones de déficit estructural

La operación financiera se sustenta en los siguientes hechos: desde aproximadamente 1958 el INI financia su cartera mediante obligaciones o crédito exterior. La parte financiada con recursos ajenos le produce un servicio de deuda y unos intereses. Esta parte es la que se conoce con el nombre de déficit estructural.Este déficit estructural del Instituto, consecuencia de la sobreinversión del INI, que ha tenido que ir reponiendo patrimonio a través de ampliaciones de capital o a través del financiamiento de pérdidas muy superiores a sus medios, es calculado para finales del año en curso en alrededor de 42.000 millones de pesetas.

La reivindicación del INI de que el Estado cubriese ese déficit estructural se ha ido planteando con mayor o menor insistencia casi desde el comienzo de la crisis económica, en 1974, sin ningún éxito. Con el asentamiento de Bustelo en la presidencia del INI, la reivindicación pasa nuevamente a primer plano y después del verano se realiza una tanda de negociaciones entre los diferentes ministros afectados, que ha culminado, al parecer, con éxito. El déficit estructural se cubrirá ahora del siguiente modo. El Estado se subroga los 42.000 millones en títulos obligaciones que tiene el INI en el mercado interior, muy baratos (a un tipo de interés medio del 7% y con una vida media de diez años).

Seis empresas con pérdidas

Sin embargo, el déficit estructural, con ser importante, es casi el chocolate del loro en los problemas financieros del INI. Los principales problemas del instituto están centrados en los tres sectores en crisis (automoción, onstrucción naval y siderurgia), que afectan a seis empresas: ENASA, Seat, AESA, Ensidesa, Astano y Altos Hornos del Mediterráneo. El valor de las pérdidas de esas seis empresas para el año en curso está calculado en unos 80.000 millones de pesetas. La segunda parte de la operación consiste en otra subrogación de obligaciones por parte del Estado por valor de esos 80.000 millones, mediante la cual el INI se compromete a no acudir al Parlamento en busca de créditos extraordinarios para ninguna de sus sociedades y realizar un cambio contable, poniendo ese dinero a coste cero en las empresas, vía capital. Hay que significar que la contrapartida del INI, no pedir créditos extraordinarios durante 1982, afecta a todas las empresas del grupo y no sólo a las seis citadas.

La tesis que previsiblemente habrá utilizado Carlos Bustelo para convencer a la Administración de la necesidad de abandonar la fórmula de los créditos extraordinarios pasará primero por su tardanza en tramitarse. Hay créditos que tardan dieciocho y veinticuatro meses en aprobarse. Ese retraso produce un agujero de tesorería en las empresas que, se tienen que financiar acudiendo a la banca nacional, con unos costes financieros muy altos, sin condiciones de discusión. Es decir, las empresas no optimizan sus costes financieros. Como efecto subsidiario de todo ello, las sociedades no pagan regularmente a los proveedores, que, a su vez, no entregan a tiempo las mercancías, con lo que las primeras pierden contratos. Es un círculo vicioso que el Gobierno ha decidido cortar con la nueva fórmula de financiación, de la que exigirá garantías, tales como una sustancial y progresiva reducción de las pérdidas del INI, de la que responderá. en primer lugar, el presidente del instituto y, subsidiariamente, los presidentes de las empresas ineficientes. «Es muy posible que pronto veamos la dimisión de más de un presidente de alguna empresa, cuando quede demostrada su ineficacia», declaró a EL PAIS un alto cargo de la Administración.

Repetir la operación

La operación financiera, que quedará incorporada a los Presupuestos Generales del Estado de 1982, no es estática, sino que previsiblemente se repetirá en otros ejercicios.Para 1983, y una vez liquidado el déficit estructural, el Estado subrogará obligaciones por valor de las pérdidas de las seis empresas citadas, que se calculan, para ese año, al alza, en 60.000 millones de pesetas. Naturalmente, esas obligaciones serán al tipo de interés del mercado.

Con esta política, los resultados de las empresas del INI en pérdidas llegarán a un estado amorfo, sin beneficios ni pérdidas, bastante antes que si se continuase con la política de los créditos extraordinarios, según calculan técnicos del lnstituto.

La cantidad aproximada que pagará el Estado en 1982, vía presupuestos, por el importe de la operación, ha sido calculada en aproximadamente 15.000 millones de pesetas.