Déficit, tipo de interés e inflación

Dentro de pocas fechas se presentarán a las Cortes los Presupuestos Generales del Estado para su debate. Aún no conociendo el contenido exacto de los mismos, la Prensa ha comenzado a filtrar algunas cifras que se están barajando en la confección de los Presupuestos, destacando el déficit, que se estima rondará los 700.000 millones de pesetas.Además, las autoridades económicas se fijarán él objetivo de reducir la tasa de inflación y abaratar los costes del crédito. Loables empeños, aunque prácticamente imposibles de conseguir en la práctica. Reducir la tasa de inflación seguirá siendo, en la práctica, como hasta ahora, aunque no en sus declaraciones, el objetivo prioritario del Gobierno. Respecto a la reducción de los tipos de interés, puede considerarse como una medida muy importante para que tenga efectos positivos sobre la inversión privada y se consiga, por consiguiente, el objetivo fijado en el Acuerdo Nacional sobre Empleo respecto a la creación de puestos de trabajo.

Problemas que plantea el déficit

El pasado año tuvimos ocasión de presenciar el debate respecto a si la cuantía del déficit previsto para 1981 era el techo máximo posible, acordé con los objetivos perseguidos por el Gobierno, posición de UCD, o, por el contrario, todavía la cifra era baja, posición socialista en proporción al producto interior bruto en comparación con otros países,y por ello debía aumentarse, máxime teniendo en cuenta que la postura socialista consideraba que la inversión pública debía actuar como locomotora, al menos en la primera parte del año, tirando de la inversión privada. Este año el debate pueda volverá repetirse, y por ello convendría hacer algunas puntualizaciones al respecto.

En principio puede decirse que ambas posturas tienen razón. En efecto, para el partido del Gobierno aumentar el déficit tendría repercusiones muy negativas sobre la inflación y sobre la financiación al, sector privado. Establecen una clara asociación: a mayor déficit, mayor inflación, y tienen razón, dado que la forma en que están pensando va a financiarse la mayor parte del déficit, esto es, a través de la apelación al Banco de España.

Los actuales vientos monetaristas que soplan en el mundo parecen que han calado hondo en algunos centros de decisión en nuestro país. A este respecto convendría realizar dos consideraciones: la primera, que, de aceptarse la filosofía, estuvieran de acuerdo todos los responsables económicos, al me nos en los grandes temas (aunque teóricamente se declararan keynesianos), por cuestiones de eficacia; la segunda, que la puesta en ráctica de aquellas tesis se hiciera de forma «ortodoxamete monetarista».

Teniendo en cuenta que para los monetaristas, y simplificando la inflación, proviene de un excesivo crecimiento del dinero, la financiación del déficit en nuestro país, si no se quisiera que fuera inflacionista, tendría que realizarse por otras vías distintas a la de la apelación al Banco de España. Por ejemplo, emitiendo deuda pública.

En otras palabras: el déficit, por sí, no es inflacionista. Incluso aunque la financiación del déficit supusiera inyecciones de liquidez al sistema, tampoco necesariamente tendría que causar perturbaciones inflacionistas, ya que ello dependería del comportamiento de la demanda de dinero.

Déficit y tipos de interés

Una financiación más ortodoxa del déficit implicaría la emisión de deuda pública, según las condiciones de mercado.

La mayor demanda de crédito presionará al alza los tipos de interés, a no ser que aumente paralelamente la oferta de crédito.

Pues bien, si las alzas en los tipos de interés son consideradas por las autoridades económicas como perjudiciales para conseguir el nivel de actividad económica deseado, pueden llevar a cabo la monetización de la deuda, con el consiguiente incremento de la cantidad del dinero en el sistema. Si paralelamente no aumenta la cantidad de dinero demandada, el resultado será una tasa de inflación más alta.

La conclusión de lo dicho en. los párrafos anteriores es clara. El déficit no ha causado mayor inflación, sino las actuaciones llevadas a cabo por las autoridades económicas en su deseo de reducir los tipos de interés.

El dilema de las autoridades económicas

El dilema con el que se encuentran las autoridades económicas españolas es ciertamente grave. Por un lado, si intentan financiar gran parte del déficit de modo ortodoxo, el gran volumen de, deuda pública que tendría que emitir causarla al menos dos efectos: el primero, derivado de que la Bolsa española no reúne ninguno de los requisitos necesarios para poder actuar con auténticas operaciones de mercado abierto; esto es, no es amplia, profunda ni transparente. El segundo efecto sería un efecto precio elevando los tipos de interés en general, lo cual tendría a su vez un efecto coste para el Tesoro y, quizá más, importante, un encarecimiento en los costes financieros de las empresas. Dada la estructura financiera de las mismas, tal encarecimiento podría llevar a un retraimiento de la inversión privada (a no ser, por ejemplo, que las expectativas empresariales fueran muy optimistas, lo que no parece ser el caso).

Teniendo en cuenta lo que representa la inversión privada en la inversión total, y admitido por todos que sin un crecimiento de aquella difícilmente aumentará el empleo (lo cual tampoco quiere decir que un incremento en la misma necesariamente tenga que llevar consigo aumentos en dicho factor de la producción), la conclusión es que difícilmente podría cumplirse el Acuerdo Nacional sobre Empleo (ANE) en el punto referente al número de puestos de trabajo a crear en 1982. Si esto fuera así, los trabajadores habrían aceptado incrementos salariales según las expectativas inflacionistas de 1.982, sin que se, cumpliera la contrapartida de incremento en los puestos de trabajo que figuran en el ANE.

La presentación de los Presupuestos Generales del Estado podrá arrojar más luz sobre los objetivos perseguidos por el Gobierno y los instrumentos empleados para ello. A este respecto es de esperar que tales Presupuestos vayan acompañados del presupuesto monetario, que todavía arrojará más luz una vez se contemplen las Vías empleadas para financiar el déficit.

Dado el déficit previsto, unos 700.000 millones de pesetas, los socialistas podrán argüir que es insuficiente para reactivar la economía, y pueden aducir, con razón, que un incremento del mismo no tiene por qué llevar aparejada una mayor tasa de inflación, aunque sí supondría mayores tipos de interés en el mercado.

El partido del Gobierno podrá aducir qué incrementos en el déficit supondrían tasas de inflación por encima de ese 12 % fijado como objetivo. Y también tiene razón dada la principal vía de financiación en que seguramente están pensando (apelación al Banco de España).

Resumen

En resumen, tanto los socialistas como el Gobierno pueden tener razón. Pero lo que ni uno ni otros podrán conseguir a la vez es la existencia de un déficit en tomo a los 700.000 millones de pesetas (sólo para el Estado), bajos tipos de interés y reducciones en la tasa de inflación.

El malo de la película para todos, o casi todos, es el déficit del sector público. Para reducirlo caben deis caminos: o bien aumentar los ingresos o bien reducir los gastos. Respecto a lo primero, que puede ser prioritario para los socialistas, no parece que Hacienda esté pensando en un desarrollo en tal sentido de la «ley Ordóñez». Respecto a lo segundo, reducción de gastos, cabe pensar en los gastos corrientes, pero, ¿en cuáles? El aumento en las prestaciones de desempleo está en el ANE. Las subvenciones a empresas son consideradas como vitales para la supervivencia de muchas de ellas, y en tal sentido cabe mencionar los decretos de reconversión industrial ya aprobados y los que faltan por aprobar. Los sueldos de los funcionarios que aumentarán, parece ser que un 9% en 1982, difícilmente pueden subir menos (van perdiendo poder adquisitivo desde hace años, quizá para compensar su garantía de empleo). Así podríamos seguir desglosando las partidas que componen los gastos corrientes de las administraciones públicas, llegando a la paradójica conclusión de que todos quieren que el déficit se reduzca, pero, desde luego, que no se toquen las partidas de gastos que a cada grupo social afecta, o en todo caso, se incrementen.

Habría que volver, en consecuencia, sobre los ingresos. Ahora bien, ¿cómo es la presión fiscal por tramos de rentas? No parece que puedan tocarse ni las rentas bajas ni las medias, ante la presión que ya soportan. Sólo quedaría afectar a los tramos de rentas altas. ¿Cómo? La respuesta técnica la tiene Hacienda; la respuesta política, quizá no