Amplios sectores de la construcción no se sienten satisfechos con el texto de acuerdo-marco sobre vivienda
El Acuerdo Marco Sobre Vivienda y Urbanismo (AMVU) se firmó ayer en la sede del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, tras seis meses de negociación entre el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, la Federación de Ayuntamientos y representantes del sector de la construcción. El AMVU tiene como objetivo llevar adelante el Plan Trienal de Vivienda, que pretende la construcción de 571.000 viviendas con una inversión cercana a 1,3 billones de pesetas.
En un ambiente de satisfacción y alegría que contrastaba con lo que -a nivel particular- promotores y constructores manifestaban, Luis Ortiz, ministro de Obras Públicas y Urbanismo, estampó ayer su Firma en el Acuerdo Marco sobre Vivienda y Urbanismo. Con él, los constructores y los representantes de la Federación de Ayuntamientos, encabezados respectivamente por Ignacio Briones y Pedro Aparicio, suscribieron ayer un texto que, a pesar del triunfalismo oficial, no parece convencer excesivamente a las otras partes firmantes.Ayer, planeó sobre el acuerdo la duda de estar ratificándose unos documentos que, al igual que otros anteriores -el Plan de Vivienda Social, por ejemplo-, puede acabar en fracaso. Su efectividad, como en algún momento se llegó a reconocer, está, en cualquier caso, por demostrar.
Las negociaciones sobre el AMVU fueron largas y laboriosas, incluso en el momento de su firma. Dos veces hubo de realizarse el rito para que los cámaras de RTVE pudieran recoger el acto. Pero, al margen de anécdotas, lo cierto es que las negociaciones han estado al borde de la ruptura. Los constructores no han visto reflejados en los textos firmados ayer gran parte de sus reivindicaciones. Y aunque la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), aprobará en la última reunión de su consejo de Gobierno la firma del AMVU, las bases de la construcción no comparten la satisfacción que su firma aparentemente ha provocado.
Uno de los aspectos que más preocupan a los constructores es el de las licencias de edificación. El AMVU recoge en sus páginas el compromiso de los ayuntamientos a este respecto. Según el citado texto los municipios se comprometen a «hacer uso restringido, por motivos justificados y expresos, que figurarán en el expediente, de la facultad de suspensión cautelar de licencias de edificación. Podrán otorgarse», añade el documento, «licencias a cuenta por los minimos urbanísticos en que coincidan ambos planeamientos, sin perjuicio de los derechos a la indemnización a que hubiere lugar».
El párrafo citado difiere bastante del primitivo, en el que existía un mandato hacia los ayuntamientos para que concediesen este tipo de licencias. «Tal como ha quedado ahora», señalaron fuentes del sector, «es como no decir nada. Naturalmente que podrán. Eso no hacía falta ponerlo en un papel cuando la facultad sigue estando en sus manos».
Este mismo juicio sirve, en líneas generales, para prácticamente todos los compromisos de las corporaciones municipales. Para un importante sector de los constructores, la agilización en los trámites era más una obligación de las nuevas corporaciones que una cesión. Luis Marsá, piesidente de la Asociación de Promotores Constructores, habló de las cesiones del sector. Marsá expficó que desde su punto de vista la concesión de cédulas de habitabilidad no debería estar en manos de los ayuntamientos. «Se producen retrasos», dijo, «que provocan pérdidas importantes al constructor».
A pesar de todo, es cierto que el AMVU descentraliza competencias en materia urbanística, haciéndolas recaer sobre las ciudades a las que afecta el planeamiento y que recoge una serie de medidas que, de cara a la reactivación global del sector construccion, tienen especial importancia.
El acuerdo-marco sobre vivienda y urbanismo firmado ayer y que, en definitiva, se propone allanar obstáculos para llevar adelante el plan trienal, reconoce tres graves problernas en la ejecución de viviendas: la falta de suelo, el desconocimiento de la demanda y la insuficiencia de la financiación.
Luis Ortiz quitó importancia al último de los problemas. Según el ministro. la financiación no su pone ninguna dificultad. El plan trienal, vino a decir, tiene resuelto este aspecto. El desconocimiento de la demanda y su localización geográfica, tampoco presentará excesivos problemas. Los ayuntamientos realizarán su propio inventarlo tanto de suelo como de necesidades de vivienda.
Sorprende, sin embargo, que en materia de suelo haya necesidad de realizar un nuevo inventarlo. Hace unos meses, el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo -los titulares eran otros- anunció, con un mapa primorosamente detallado, el suelo existente en cada provincia española. El estudio realizado en aquel moinento no parece tener, meses después, ninguna validez.
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