Nuevo presidente en Uruguay
LA BIOGRAFIA del nuevo presidente de Uruguay, general Gregorio Alvarez, no induce a pensar que pueda confiarse en su gestión para inclinar al país a una democracia formal, de la que nunca ha sido partidario. Tampoco sus palabras en el acto de toma de posesión son-demasiado alentadoras, aunque ha aludido a la posibilidad de una mayor participación civil en la vida política y aunque haya tenido conversaciones con algunos dirigentes de partidos. Se supone en Uruguay que podría volverse al sistema de los blancos y los colorados. En un principio histórico, los colorados fueron los partidarios de un sistema de libertades democráticas inspíradas en la Revolución Francesa y la declaración de independencia de Estados Unidos, mientras los blancos seguían la tradicíón española de autoritarismo (en un principio fueron azules, pero los tintes de los tejidos de uniformes enviados desde España destiñeron al contacto de la lluvia y el sol y les convirtió en blancos); el tiempo y la alternativa del poder les convirtió en una dívisión en familias y grupos de intereses dentro de una misma oligarquía. Si lo que se dice es cierto, la Junta Militar confiaría algunas responsabilidades de Gobierno a esta oligarquía, con exclusión de todos los demás partidos. Una esperanza muy frágil y muy limitada, pero que, dentro de la gravedad de la situación del país, no hay que desdeñar.Los brevísimos puntos de apoyo de esta esperanza están en la tendencia, expresada por Alvarez, a integrarse cada vez más en organismos panamericanos; aunque el contexto no es muy alentador, y las nuevas prácticas no son estimulantes para buscar una democratización real, pueden los generales buscar alguna fórmula de apariencia. Hay que contar, también, con que el general Alvarez pertenece a la segunda generación de los golpistas. El Consejo de la Nación, instituido por el golpe de junio de 1976 contra Bordaberry, estipuló que cada cinco años designaría un nuevo presidente por cooptación; cumplido el plazo del primer presidente, Aparicio Méndez, procedió a la elección del segundo, Gregorio Alvarez, con arreglo a su propia constitución (la Constitución propuesta por los militares en 1980, como consecuencia de la presión de Carter, y en la que se incluían elecciones para 1981, fue considerada como una mera maniobra y rechazada en referéndum). Se tiene la idea de que estas segundas generaciones de dictadores suelen ser menos duras que las primeras. No es necesariamente así.
El único síntoma real de que Uruguay podría cambiar realmente de frente político y volver a la normalidad sería la apertura de las cárceles y los campos de concentración, el final de las persecuciones interiores y de las bandas armadas de extrema derecha y el regreso de los exiliados. No hay el menor síntoma de que se vaya a hacer nada en este sentido. Se esperaba que la toma de posesión de Alvarez sirviera para promulgar una amnistía o un indulto general. No se ha producido, ni en su discurso el nuevo presidente ha hecho ninguna alusión a ello. La opinión pública nacional, y la intemacional, que ha denunciado continuamente la violación de derechos humanos en Uruguay, ya sabe a qué atenerse.
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