Pedimos que los culpables revelen, aunque sea de forma anónima, lo que han hecho con el aceite"

Veintiséis personas, perjudicadas por la intoxicación de aceite, prestaron ayer declaración en el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, y mostraron su documentación sanitaria a un médico forense. Se trata de veintiún afectados y familiares de cinco fallecidos, integrados en el grupo de 805 querellantes asesorados por la Organización de Consumidores y Usuarios. Hoy declararán otras treinta personas y cerca de un centenar lo harán a lo largo del presente mes. «Pedimos el castigo de los culpables y una indemnización civil justa», declararon los afectados y el letrado que les defiende.

Los primeros afectados llamados a declarar por el juez que instruye el sumario sobre el fraude del aceite que ha ocasionado la muerte por envenenamiento de más de un centenar de personas y la enfermedad de otras 12.000, se presentaron en la Audiencia Nacional muy temprano, en la mañana de ayer. La citación del juzgado -según los funcionarios- había sido enviada a nueve personas, cabezas de familia, pero no sólo testimoniaron éstos. Los pasillos del Juzgado Central de Instrucción número 2 se abarrotaron de gente (muchos niños, muchos miembros de una misma familia intoxicada), menos de periodistas. La Policía Nacional, que custodiaba el recinto, tenía orden de no dejar pasar a los representantes de los medios informativos, con la excusa de evitar posibles influencias indirectas en el estado de ánimo de los declarantes. Al parecer, la orden fue dada por el propio juez.El vicepresidente de la OCU, Pascual Sánchez Salmerón, declaró a EL PAÍS que, entre los casos de afectados incluidos en la querella, están los de personas dadas de alta en centros hospitalarios pero que ahora tienen parálisis de las cuatro extremidades o de quienes han sufrido traqueotomías. Al parecer, algunos enfermos han encontrado dificultades, por parte de algunos médicos, en la expedición de certificados que demuestren su enfermedad. «Puede ser explicable por la picaresca de falsificación de documentos que ya se está registrando», comenta Sánchez Salmerón, «pero pedimos a las autoridades sanitarias que faciliten las gestiones de los enfermos».

Otra queja del vicepresidente de la OCU se refirió a la conveniencia de que las autoridades judiciales proporcionen más medios burocráticos al juzgado donde se instruye el sumario. «Nosotros, por nuestra parte, montaremos un servicio administrativo en la organización. El asunto nos desborda».

«Hemos insistido al magistrado en que se castigue a los culpables», manifestó el abogado que defiende a los 805 querellantes de la OCU, Ignacio Uriarte. «Precisamente los culpables del delito», puntualizó, «deberán satisfacer con sus bienes la indemnización civil que le corresponde a los afectados y, por supuesto, la Administración, con independencia de la ayuda prometida del Fondo Nacional de Asistencia Social». Preguntado sobre su opinión sobre la característica de esta ayuda estatal, Uriarte dijo: «Teniendo en cuenta que es algo ofrecido con carácter graciable, el calificativo que se le puede dar no es de justo o injusto, sino de prudente».

«De todas formas», puntualizó el abogado, «es imposible que el Estado actúe antes que un tribunal; éste es quien ejerce la justicia. Pero eso no es obstáculo para que se habiliten ayudas urgentes, especiales, como para otro tipo de catástrofes».

Con respecto al criterio seguido por el magistrado para llamar en primer lugar a sus defendidos, Uriarte precisó que la querella de la OCU fue admitida en la Audiencia Nacional. el pasado 23 de julio -un día después de la presentada en nombre de otros afectados por el ex presidente de la citada organización, Antonio García Pablos-, y en dicha reclamación había hecho constar «la necesidad de que los propios afectados diesen su testimonio, cosa que ha determinado el magistrado, y, prácticamente todos los días del presente mes, los enfermos y los familiares de los fallecidos. Cerca de doscientos acudirán al Juzgado, y quedan todavía unos setenta expedientes por completar».

Cuatro millones de pesetas por cada trabajador afectado

Los asociados coinciden en el cálculo de la cuantía de indemnización que, a su juicio, les corresponde. «Si, a efectos laborales, el capital que necesita el Fondo de Garantía para asegurar una pensión de viudedad u horfandad de un trabajador fallecido en accidente está en función del salario real por el que cotizó, según el salario mínimo interprofesional, resulta un capital superior a los cuatro millones de pesetas», explica el vicepresidente de la OCU.

También coinciden los afectados miembros de la OCU en la duda de si el Código Penal español castiga suficientemente los delitos contra la salud pública y si los verdaderos culpables del proceso tóxico desencadenado por el consumo de aceite adulterado responderán de su acción. «Por lo menos, los responsables podían tener la valentía de revelar, aunque sea de forma anónima, lo que han hecho con el aceite», dijo con rabia José Madrid Ferrero, uno de los primeros declarantes, a su salida del juzgado.

José Madrid no ha sido tocado por la neumonía tóxica, pero sí, en cambio, su mujer y sus dos hijas pequeñas. «El come fuera de casa, y la niña mayor se ha librado de milagro», comentó su mujer, afectada por una insuficiencia respiratoria y muscular que aún le dura. «Ahora me ha salido un dolor nuevo, en las mandíbulas», explicó, «y sigo tomando jarabes para la garganta, como las niñas. Una de ellas se quedará con problemas de corazón, nos ha dicho el médico». Como al resto de los afectados presentes, el documento sanitario que han presentado al forense del juzgado pone neumonía tóxica, pero «no sabemos exactamente nuestro cuadro clínico, ya que en el hospital no nos lo han facilitado».

José Antonio Soldevilla, otro de los primeros querellantes presentados ante el juez, salió a la calle con enormes sobres de radiografías e informes médicos bajo el brazo, pero no eran suyos, sino de su hijo, un joven de dieciséis años que «no puede moverse, además de porque está roto, le duele todo, porque tiene una depresión enorme». El muchacho pasó veinte días hospitalizado y, cuatro días después, se tiró por una ventana «porque no podía más, la neumonía esa la dao al cerebro», y fue reingresado, pero en un hospital psiquiátrico. Ahora está en casa, reponiéndose de una rotura de vértebra. «No sé cómo se arreglará esto», dice Soldevilla.