180 cursillos en las IV Jornadas Pedagógicas de Euskadi
La reforma de la enseñanza, el problema del bilingüismo, la gestión de los centros y el futuro de la escuela pública vasca serán los principales temas de debate en las IV Jornadas Pedagógicas de Euskadi, que se iniciaron ayer en la Facultad de Económicas de Sarriko de Bilbao, con asistencia de 2.000 profesores. El objetivo básico de sus organizadores, el colectivo Adarra, es potenciar el movimiento pedagógico en el País Vasco y el intercambio de experiencias con profesores de diversos lugares del Estado español.A lo largo de las jornadas, que concluirán el próximo sábado, las cuatro áreas mencionadas se desarrollarán en un total de 180 cursillos, de doce horas de duración cada uno, de los que se ocuparán 106 profesores, de los cuales 41 proceden de Cataluña, Madrid o el País Vasco francés.
Un porcentaje importante de los cursillos se hará en lengua vasca, y en concreto varios de ellos están destinados a analizar las posibilidades en el uso y cultivo de este idioma a través de la cultura, el juego y la investigación.
Las clases, que se impartirán en turnos de mañana y tarde, tendrán su continuación con una serie de charlas sobre la educación, que se iniciaron ayer con la participación de Julio Caro Baroja, que se refirió a la cultura vasca y su proyección a la enseñanza. En días sucesivos intervendrán el director del Instituto de Ciencias de la Educación (Bases psicopedagógicas de la EGB); Ignacio Vila, de la Universidad Autónoma de Barcelona (Problemática pedagógica en la enseñanza bilingüista); Juan de Dios Ramírez de Heredia, diputado por el PSC (Problemática de los gitanos en la enseñanza), y el sociólogo Ignacio Fernández de Castro (Revisión crítica de la alternativa a la escuela pública). Todos los días, al término de estas charlas, se iniciarán actividades teatrales y culturales y fiestas populares, que estarán abiertas al público.
El presupuesto total de las jornadas, que asciende a más de seis millones de pesetas, ha sido cubierto en gran parte por aportaciones del Gobierno vasco (un millón de pesetas), entidades de ahorro y, a falta de confirmación, con la Diputación de Vizcaya y el Ayuntamiento de Bilbao.
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