Iberduero estudia restricciones de energía en Guipúzcoa

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En noviembre del año pasado, otro sabotaje contra la subestación de Arkale cerca de Hernani, había reducido ya el margen de reserva con que cuenta la compañía. Según puede leerse en el informe, el atentado de Hernani pudo haber provocado daños inmediatos por valor de 20.000 millones de pesetas «si la carga explosiva colocada en un tanque de aceite hubiera afectado otro transformador de 380 kilovatios, que quedó intacto», a escasa distancia de los dos que resultaron averiados.

La subestación de Hernani pertenece a la red primaria, que trabaja a potencias de 400.000 y 220.000 voltios y cuya función consiste en unir centros de producción con los centros de consumo y, en el caso del País Vasco, suministrar la energía producida fuera de sus límites para equilibrar el déficit existente. En estos momentos «cualquier fallo de la red primaria colocará al País Vasco en situación de emergencia», asegura la empresa Iberduero, ya sea provocado por un nuevo atentado contra instalaciones de este nivel o por una avería fortuita.

El hecho de que no se haya registrado consecuencia palpable alguna para los abonados hasta el momento se debe a que agosto es el mes con menor demanda de energía. Según un cuadro elaborado con datos de Iberduero, la potencia media consumida cada hora en Guipúzcoa es más de tres veces superior en diciembre que en agosto.

El plan de restricciones entraría en funcionamiento si se produce algún nuevo fallo en la red primaria, cualquiera que sea la causa, antes de que hayan podido repararse las instalaciones inutilizadas en Hernani. No existe reserva de grandes máquinas transformadoras, de acuerdo con la práctica internacionalmente aceptada, según Iberduero, y los plazos de reposición del material oscilan entre seis y dieciocho meses.

En cuanto a los atentados contra la red de distribución, los más numerosos, pueden llegar a provocar la interrupción del servicio eléctrico a las industrias y a las viviendas, como ha ocurrido ya en varias ocasiones, sobre todo en Guipúzcoa.

250 atentados desde 1978

Según los datos facilitados por Iberduero, desde 1978 se ha producido un total aproximado de 250 atentados, la mayoría contra instalaciones de la red de distribución, que han sido reparadas en un plazo de horas o de días. Los daños materiales inmediatos pueden cifrarse en 2.000 millones de pesetas. No obstante, los daños a los abonados son muy superiores. Las pérdidas originadas por la falta de suministro eléctrico a los usuarios se calculan por la Unión Internacional de Productores y Distribuidores de Energía Eléctrica, (Unipede) en veinte veces el valor del kilovatio/hora no distribuido. Este cálculo se refiere a retrasos en la puesta en servicio de nuevas redes distribuidoras, por lo que el coste de una interrupción inopinada del suministro debe ser aún mayor.

Aplicando el criterio de Unipede, Iberduero calcula que la suspensión del servicio en un núcleo reducido de población con mediana capacidad industrial durante una semana implicará pérdidas de doscientos millones de pesetas. La inutilización de dos o tres instalaciones importantes de una zona, en la situación actual, impediría la distribución de 200.000 kilovatios durante un mes y pérdidas de unos 20.000 millones de pesetas. Este podría ser el caso si hubiera de aplicarse el plan de restricciones en preparación para la zona norte de Guipúzcoa. Las pérdidas podrían

Situarse en torno a 900.000 millones de pesetas si se produjeran atentados contra las subestaciones eléctricas más importantes de Guipúzcoa.

Iberduero señala también en el informe que su personal, técnicamente muy cualificado, «se siente actualmente confundido y no entiende muy bien cómo la empresa es atacada en las instalaciones que prestan un servicio a la comunidad». La plantilla, «en esta ceremonia de la confusión, no encuentra el apoyo suficiente del resto de la sociedad».

Aunque Iberduero abastece de energía eléctrica a abonados de veintiuna provincias, situadas en la zona norte y junto a la frontera de Portugal, más una parte de Madrid, el consumo del País Vasco representa alrededor del 65% de su mercado.

En las tres provincias de la comunidad autónoma vasca, Iberduero facilita energía eléctrica a dos millones de habitantes, aproximadamente, para lo que cuenta con una red de distribución de 6.000 kilómetros de longitud, entre líneas aéreas y subterráneas, y cerca de 7.500 centros de transformación, de diversa capacidad e importancia. Estas cifras dan idea de la vulnerabilidad de las instalaciones de la empresa sólo en las tres provincias citadas.

El informe de la compañía no hace referencia a la central nuclear en construcción de Lemóniz (Vizcaya) -cuya paralización es la exigencia de ETA Militar para interrumpir la campaña de atentados que se prolonga ya cuatro años-, pero recuerda el déficit energético del País Vasco. La comunidad autónoma recibió del exterior el pasado año el 52% de la energía eléctrica que consumió.

Este último dato parece ser el centro de la argumentación del partido mayoritario vasco en torno al tema. La posición de los nacíonalistas fue resumida por el consejero de Industria del Gobierno vasco, Javier García Egocheaga, en unas recientes declaraciones en las que aseguraba que la planta nuclear de Lemóniz «es vital para Euskadi, ya que produciría o suministraría una parte muy considerable de la energía que consurnimos».

Necesidad de un referéndum

Egocheaga se refirió a las medidas de control instrumentales por la Administración autónoma en torno a la central de Lemóniz y manifestó que en el seno del Partido Nacionalista Vasco existe en estos momentos un debate interno sobre las plantas nucleares. «Siempre hemos sido favorables a una consulta popular sobre el tema», contestaba a una pregunta sobre la disposición del Gobierno vasco para convocar un referéndum, sin hacer otras precisiones. La consulta en referéndum ha sido considerada «imposible» en reiteradas ocasiones por portavoces del Gobierno central, especialmente desde que Leopoldo Calvo Sotelo ocupa la Presidencia.