El proceso a los golpistas

LA PUBLICACION de las conclusiones provisionales del fiscal militar que entiende la causa del intento de golpe de Estado del 23 de febrero ha devuelto a primera línea de actualidad los traumáticos hechos del pasado invierno que estuvieron a punto de hacer retroceder por el túnel del tiempo la convivencia española y desencadenar un nuevo enfrentamiento entre los ciudadanos. Los abogados defensores de los presuntos golpistas no han desaprovechado la ocasión para iniciar un ceremonial de la confusión, que difumine los hechos evidentes que la mayoría del país pudo ver con toda nitidez gracias a las cámaras de Televisión Española y escuchar por los micrófonos- de las emisoras de radio, hasta que por la contundencia de los culatazos se privó a la audiencia de la imagen y el sonido en directo. En este sentido, las afirmaciones de algunos de los letrados de que se podrá de mostrar que el 23 de febrero no hubo rebelión militar deben ser consideradas sólo como una broma macabra o el interesado intento de confundir a la opinión pública. Las contradictorias declaraciones de los presuntos cabecillas de la sublevación en las que se incluyen a cualificados dirigentes de la oposición como candidatos propuestos para la formación de un Gobierno extra-constitucional constituye un engaño a la opinión pública, una mentira de descomunales proporciones que sólo alberga la intención de calumniar a quienes, precisamente, fueron sometidos a la humillación del secuestro y fueron agredidos, cuando representaban a toda la colectividad, por quienes hoy se encuentran procesados. Estas declaraciones son una demostración más de que estos salvadores de la patria consideran a la mayoría de los españoles menores de edad o amnésicos totales.

Es una buena noticia que el proceso continúe adelante y vaya culminando las fases procesales que un Estado de Derecho concede hasta a las personas que, por la fuerza y sin la razón, pretenden poner fin a la convivencia civilizada, para que puedan demostrar su inocencia en los hechos que se les imputan o sean declarados culpables. De aquí a la fecha en que se realice la vista oral del proceso vamos a asistir a un refinado ejercicio de confusionismo y enmascaramiento de los hechos que sucedieron, con la evidente finalidad de encubrir responsabilidades y difuminar actuaciones. Los compañeros de viaje del golpismo criminal van a trabajar en esta dirección y es conveniente tener muy claro que el 23 de febrero no fue una sublevación de toda la institución militar, sino simplemente el levantamiento en armas de un grupo, más o menos amplio, para consagrar sus privilegios, impedir la modernización de la sociedad española y situarse en puestos que le permitieran administrar el Estado como si se tratara de una finca propia.

Los hechos que constituyeron la preparación del golpe de Estado, reconocidos en las declaraciones de algunos de los procesados, así lo indican. De esta manera, el teniente general Milans del Bosch, que pretendía acceder por este procedimiento a la jefatura de la cadena de mando militar más que salvar a su patria de la ruina y el desastre, según nos tienen acostumbrados las declaraciones de los corifeos de la conspiración, parece que utilizó los caudales públicos puestos a su disposición por los ciudadanos para que les prestara defensa y protección en organizar reuniones sociales en la sede de la Capitanía General, donde se murmuraba y criticaba al Gobierno legítimamente constituido y se comenzaba a trenzar la madeja que devolviera la historia española a los registros de las repúblicas bananeras o los sórdidos regímenes del Africa negra.

El esclarecimiento de los hechos va demostrando con fuerza y contundencia que los generales Armada y Milans, al socaire de las justificaciones de presentarse como salvadores del destino elegido por los votos de los ciudadanos con mayoría de edad, pretendían, a fin de cuentas, encaramarse en la presidencia del Gobierno y al frente de las Fuerzas Armadas de este país.

La sociedad española tiene muy claro también, que la inequívoca actitud del Rey y su valerosa actuación, junto al noble comportamiento de la inmensa mayoría de los militares, haciendo honor a sus uniformes y sus juramentos, impidieron la consumación de un acto delictivo, que no tenía otro objetivo sino la apropiación indebida del aparato del Estado por un grupo de personas que abusó de la confianza depositada en ellos por la sociedad española.

El nuevo curso político qué comienza en breve tiene ante sí la cita ineludible del juicio contra los golpistas. La vida política española necesita que se dicte sentencia para normalizar su desenvolvimiento y enterrar definitivamente los fantasmas que se han agitado sobre la convivencia desde el pasado invierno.