Los jueces deben rescatar sus propias libertades, según el fiscal Martín Pallín

«Para que los jueces puedan asumir la garantía de las libertades deben comenzar por rescatar y exigir sus propias libertades», ha advertido el fiscal de la Audiencia Territorial, José Luis Martín Pallín, en el seminario que, sobre Justicia y delito, se está desarrollando en la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, de Santander. También dijo que es necesario que las garantías de los ciudadanos bajo sospecha estén bajo la salvaguardia de la participación popular en la administración de justicia a través de la institución de jurado.

Al hablar de la independencia del juez, el fiscal Martín Pallín afirma que la libertad ideológica, la libertad de asociación y la libertad de expresión de los jueces tienen que ser rescatadas y que esa independencia judicial quiere decir que «se debe actuar al margen de las presiones del ejecutivo o del control del legislativo».Afirmó, además, que no cabe independencia que permita actuar contra o al margen del sistema constitucional. «El juez», concretó, «debe asumir por imperativo legal (lo ideal sería que lo hiciese por propia conviccion personal) la defensa de los valores democráticos que encierra la Constitución». El título de la ponencia de Martín Pallín fue «control social de las libertades frente al poder».

Quiebra sociológica de la dogmática penal

Sobre el tema de la Quiebra sociológica de los principios de la dogmática penal habló la profesora de Ciencias Políticas y Sociológicas María Jesús Miranda. Aunque la sociología se constituye desde sus orígenes en auxiliar y mentora de las instituciones de administración de justicia, carácter que se acentuó a finales del siglo pasado, la ponente advierte que «la criminología social actual tiene poco que ofrecer, en el terreno de la práctica, a las instituciones judiciales, policiales y penitenciarias».Sin embargo, esa criminología social tiene, para María Jesús Miranda, una importante función teórica: concluido el período de acumulación, en pleno capitalismo tardío, la reflexión sociológica puede servir para quebrar dos nuevos dogmas penales, como son el correccionalismo y el integracionismo. De forma puramente empírica, la criminología actual muestra que la pena no tiene como función social la re, habilitación o reeducación del delincuente. Por otro lado, un análisis mínimamente serio de las sociedades avanzadas muestra su incapacidad total para integrar, a través del mecanismo tradicional de los mercados (trabajo, sexo, mercancías...), a una gran parte de la población. « La sociedad actual se muestra como esencialmente desintegradora. La integración es la utopía. El hombre actual se muestra como esencialmente dividido. La unificación es una locura», concluyó.

Jurisdicciones especiales

Sobre las leyes y las jurisdicciones especiales habló el abogado y diputado de la izquierda vasca Juan María Bandrés, quien afirmó que en España, excepto breves paréntesis (de la Revolución Francesa a nuestros días), «pocas veces hemos gozado de una auténtica justicia penal presidida por los principios, de legalidad, imparcialidad e independencia que garantizan la auténtica justicia». Juan María Bandrés afirma que vivimos momentos «de escasa sinceridad semántica» porque hoy se llama «armonización al retroceso autonómico, dernocracia vigilante a la democracia conminante, protección del castellano a la intolerancia lingüística y defensa de la Constitución al atentado legal contra los derechos y libertades más preciados, que precisamente la Constitución consagra».

Derecho a callar

«Tan preocupante persistencia de jurisdicciones especiales se agrava porque carecernos de una policía científica, ya que la nuestra sigue pensando que no existen pruebas distintas a la confesión para acreditar tanto la realidad de un delito como la identificación de sus responsables. El derecho a callar, según nuestra Constitución, no puede ser derogado temporalmente, ra siquiera en estado de excepción".