¿Quién controla la calidad de los alimentos?

Más tarde o más temprano la sociedad española tenía que conocer las causas de un sistema alimentario descontrolado, la carencia de los suficientes resortes legales con que defender al indefenso consumidor y las consecuencias de unos cauces comerciales tan amplios que casi se difuminan a la hora de llevar un mínimo seguimiento de su recorrido. Si a esta realidad se une la apoyatura legal que en muchos casos se registra, por una equívoca inercia administrativa, no es de extrañar, por tanto, que hasta el momento sean ya 87 las personas fallecidas, víctimas de esta situación por el caso concreto de la manipulación del aceite, y miles los millones gastados para paliar los efectos, que han salido de los bolsillos de todos los ciudadanos.Paralelamente, esa misma sociedad española parece haber comenzado a interesarse de una forma más extendida por los problema la alimentación, el estado y conservación de los productos alimenticios y su misma comercialización. El cierto nivel social alcanzado por los trabajadores españoles no es ajeno, lógicamente, a este interés cuando se empieza a demostrar que la vigilancia por la calidad de la vida no es atributo exclusivo de los países con fuerte desarrollo industrial y, al mismo tiempo el trabajador comprende que su misión no es únicamente desarrollar un trabajo, sino también vivir, en todo el sentido de la palabra.

Frente a esta nueva pero decidida voluntad de los trabajadores, el hecho al que nos enfrentamos es la posesión de los controles de calidad de los productos por las manos del Gobierno y los empresarios, quienes utilizan este poder las más de las veces rehuyendo sus obligaciones, en el primero de los casos, o en favor de sus propios intereses económicos y comerciales.

Las recientes informaciones sobre rechazo de la Administración portuguesa a determinada bebida refrescante debería servirnos de ejemplo comparativo suficiente y a la vez como enérgica denuncia. Por si este caso, sin mayores consecuencias que las económicas, no fuera suficiente, cabe remitirse a las víctimas ya citadas por consumir aceites adulterados que, evidentemente, deben haber pasado la inspección que corresponde y, en su caso, sancionados con arreglo a la legislación vigente. -

Son los empresarios de forma prioritaria quienes deberían advertir las consecuencias de un control exclusivo de la calidad de la producción en manos de empresas sin escrúpulos y una Administración inerme. Son también ellos los primeros en apreciar las pérdidas económicas de productos rechazados, un mercado alimentario degradado y riesgos seguros en vidas humanas cuya responsabilidad sólo a ellos compete.

La responsabilidad de los trabajadores

No es menor, sin embargo, la responsabilidad de los trabajadores en todo este proceso, pese a la insensibilidad que tradicionalmente habían venido manteniendo en este sentido. Como agentes de la producción, en sus manos y a la vista tienen el primer control posible para la consiguiente denuncia si fuera necesaria. Y ellos, como ciudadanos y consumidores también van a sufrir directamente la repercusión de esa falta de vigilancia y denuncia. La negociación colectiva, si hasta ahora se había limitado a capítulos meramente económicos y en raras ocasiones sobrepasaban la puerta de las fábricas en su contenido, debe adoptar una nueva filosofía, sobre todo en el sector -de la alimentación, y que va íntimamente ligada a la seguridad y la higiene en el medio de trabajo, pero también fuera de él.

Las centrales sindicales han intentado ya en diferentes ocasiones llevar hasta las mesas de negociación estos aspectos, que a nuestro entender son fundamentales, sin que la obcecación y cerrilismo empresariales posibilitaran esta reivindicación, en defensa evidente de sus propios intereses, que apenas suelen coincidir en lo alimenticio con el de la sociedad.

Es necesario; por tanto, que el Gobierno, por su parte, elabore los proyectos necesarios de un código alimentario serio, a negociar con las centrales y patronal, y que ésta asimile la idea de que el control de la calidad en la fabricación y conservación de los alimentos no sólo es una garantía para el nivel de vida a que aspiramos, sino también una exigencia económica para el mantenimiento de las empresas y los puestos de trabajo que ocupan hoy día. Es este un hecho, además, ante el que los trabajadores, como agentes de la producción y simples ciudadanos, no podemos mantenernos indiferentes, máxime si se considera que cuando una de estas empresas cierra, parcial o definitivamente, los trabajadores sufrimos, además de las consecuencias comunes, la particular de perder nuestro puesto de trabajo.

Un código alimentario urgente y con el que atajar los innumerables fraudes y deficiencias higiénico-sanitarias que hemos podido recoger, como simple trabajo documental, y que en cualquier caso nos valdrá para introducir los controles necesarios en la negociación colectiva de 1982, aunque sabemos que las resistencias empresariales serán absolutas; poner en conocimiento de la opinión pública para que se exijan las responsabilidades oportunas y transformar la actividad empresarial del sector alimentario, sacándolo del actual caos, frente a la actitud de los empresarios, que por toda medida parecen haber elegido la de presentar querellas contra los ayuntamientos, con una claroscura intencionalidad en lugar de hacer frente a sus propias responsabilidades, los trabajadores nos veremos incitados a hacer público un documento que consideramos básicamente como elemento de trabajo y reforma, a fin de que los ciudadanos españoles pregunten a Sancho Rof cómo es posible tanta tolerancia y descontrol (un ministro debe asumir sus responsabilidades, no derivarlas hacia terceros); para que asimismo, la opinión sepa que alguna empresa de algún dirigente de CEOE es la que casi bate el récord de expedientes sanitarios.

Un código, finalmente, para hacer que la alimentación de los españoles no sea únicamente una crónica negra.