El INEM destina a desempleo 150.000 millones de pesetas menos de los necesarios
Con 357.000 millones de pesetas destinados a cubrir las prestaciones por desempleo, ha sido aprobado el presupuesta del Instituto Nacional de Empleo (INEM) para 1982. La aprobación se llevó a cabo con el voto en contra de las centrales sindicales. Estudios realizados por expertos del INEM estimaban unas necesidades de alrededor de 500.000 millones de pesetas para las prestaciones de desempleo. Con lo cual, el déficit por este concepto se acercará a los 150.000 millones adelantados por EL PAIS el pasado día 28.
El presupuesto, según se reconoció ayer en una nota pública del Ministerio de Trabajo, se ha hecho en base a la recaudación, pero sin tener en cuenta, matizó ayer a este periódico Pedro Guardeño, representante de UGT en el INEM, las necesidades reales. Para poder cubrir las previsiones de seguro de desempleo, tendría que haberse aumentado la cotización empresarial en, aproximadamente, tres puntos, lo que, además de chocar frontalmente con la idea recogida en el ANE en política de rentas, ahogaría a las empresas.De acuerdo con la ley básica de Empleo, la financiación de las percepciones por seguro de desempleo se han de cubrir en una proporción del 60% por parte de las empresas y del 40% por parte del Estado. Sin embargo, nunca se ha cumplido con este porcentaje. En 1980, el déficit fue cubierto por la Seguridad Social, pese a las protestas realizadas en este sentido por el entonces secretario de Estado, José Barea.
A juicio de Pedro Guardeño se impone la modificación del artículo 29 de la citada ley, «porque resulta imposible de aplicar. Las empresas no pueden pagar el 60% de esos 500.000 millones que los expertos del INEM consideran necesario destinar al seguro de desempleo».
La propuesta de los sindicatos en este sentido es modificar el artículo 29 de la ley básica de Empleo y que el Estado financie el déficit. Con la aprobación de los presupuestos del INEM y la partida de 357.000 millones destinadas a desempleo, vuelve a repetirse la misma situación de años anteriores, quedando sin concretar cómo habrá de financiarse el déficit que, previsiblemente, habrá de producirse.
Los representantes de la Administración, frente al deseo de los sindicatos de dejar resuelto el tema, optaron por retrasar su estudio «para, más adelante, repartir los fondos hasta que se agoten».
«La actitud de la Administración», señaló Pedro Guardeño, «resulta irresponsable. Y estoy dispuesto a demostrar públicamente al director general del INEM que las cifras que se han manejado no responden a la realidad».
Constituida la comisión de seguimiento del ANE
Cualquier norma de desarrollo del acuerdo nacional sobre empleo (ANE) habrá de ser presentada a consulta previa a cada una de las partes firmantes del mismo, según el acuerdo alcanzado ayer en la reunión constituyente de la comisión de control y seguimiento del ANE, presidida por el subsecretario de Economía, García Romeu, según informaron fuentes sindicales.Con esta medida se trata de evitar el malestar que ha despertado en las centrales sindicales la normativa hasta ahora publicada a este respecto.
En la reunión, los representantes sindicales señalaron su oposición al desarrollo del procedimiento de recaudación de las cuotas de la Seguridad Social, por considerarlo un decreto-ley técnicamente defectuoso y de dudosa validez para hacer efectivo un mayor control en el fraude de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social.
De acuerdo con las informaciones sindicales, se rebajan las multas a las empresas y el procedimiento establecido puede repercutir en el sistema recaudatorio, propio de la Seguridad Social.
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