El próximo presidente uruguayo tendrá un mandato de tres años y medio

La elección de un nuevo presidente por tres años y medio y un mayor control legislativo por parte de un nuevo Consejo de Estado son los temas del decreto institucional número once aprobado el martes por el Gobierno uruguayo, con el que se pretende planificar una apertura política. Para elegir el nombre del futuro presidente, la Junta de oficiales generales ha mantenido dos días de reuniones en la sede del Estado Mayor conjunto.El decreto del Ejecutivo establece que el futuro presidente asumirá sus funciones el 1 de septiembre, para concluir su mandato el 1 de marzo de 1985. Con respecto al Consejo de Estado, la resolución gubernamental eleva el número de sus integrantes a 35, pues "se hace indispensable reestructurar el actual Consejo de Estado en el marco de las metas políticas que se pretenden alcanzar".

Los miembros de este nuevo Consejo, que será designado antes del 20 de agosto y entrará en funciones desde ese día, serán nombrados por el Gobierno. El decreto pretende que el Consejo tenga atribuciones similares a las que tenía el Parlamento según la Constitución de 1967, proscrita por los militares tras el golpe de Estado de 1973.

El nombre del próximo presidente, para cuya designación viene realizando diversas reuniones la Junta de generales, se conocerá mañana, según anunció oficialmente el ministro de Interior, general Yamandu Trinidad. La Junta de generales esta integrada por veintidós militares en activo, catorce de ellos pertenecientes al Ejército de Tierra, cinco al del Aire y tres a la Marina.

Los generales han estado reunidos el martes y el miércoles, y no se descarta que las conversaciones continúen hoy. De momento no ha trascendido ningún nombre, aunque se cree que será propuesto un militar retirado.

El decreto gubernamental establece "que la participación de los grandes grupos políticos en la conducción futura del país deberá lograrse después de que los partidos políticos funcionen en un marco jurídico claro y definido", para lo que se establece que el Consejo de Estado asuma la función legislativa y participe en las funciones politicas de control de los órganos del Estado.

Con relación a las funciones constituyentes, la resolución especifica que "podrán ser ejercidas en la oportunidad y en la forma que se determine".

Líderes políticos rehabilitados

En medios políticos de Montevideo se considera que el contenido del decreto es un instrumento válido para iniciar la apertura política. Las prohibiciones que pesaban sobre los líderes de los partidos políticos tradicionales, Blanco y Colorado, han sido levantadas, y éstos ya han expresado su deseo de que la primera medida del Gobierno que se forme tras la constitución de los nuevos órganos políticos sea la adopción de una reglamentación que permita concurrir a unas eleciones libres.Entre los políticos rehabilitados figura el ex presidente Jorge Pacheco Areco, actualmente en el exilio, y líder del partido Colorado.